MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Empleo del Congreso ha rechazado este lunes, con el único voto en contra del PP, una proposición no de ley presentada por UPyD para pedir al Gobierno que permita que el reconocimiento de gran invalidez de un discapacitado irreversible que no haya trabajado pueda realizarse incluso antes de la muerte de sus padres, en aras a facilitar su acceso futuro a la pensión de orfandad vitalicia.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha defendido su propuesta, emplazando a los diputados a ponerse en el lugar de los padres de un discapacitado grave que no saben en qué situación económica quedará su hijo cuando ellos fallezcan. "Estaríamos dispuestos a ahorrar, pero no sabríamos si ahorraríamos de menos o de más porque no sabríamos si tiene derecho a la pensión de orfandad vitalicia", ha explicado.
Una situación de "inseguridad" que podría aliviarse si la Seguridad Social ofreciera cierta información y permitiera realizar una valoración previa de la situación del menor, de modo que cuando se produjera el fallecimiento del padre ese análisis ya estuviera realizado, al margen de una ratificación posterior que UPyD se ha ofrecido a incluir en su texto.
De hecho, la formación magenta ha llegado incluso a limitar su iniciativa original a un mero emplazamiento al Gobierno para que estudie esta posibilidad, en aras a conseguir un respaldo mayoritario de la Comisión que finalmente no ha sido posible, ya que los 'populares' han votado en contra de la iniciativa.
"NO CERRAMOS LA PUERTA AUNQUE VOTEMOS EN CONTRA"
En este sentido, la diputada Concha Bravo ha justificado la decisión de su grupo en que pese a compartir la "preocupación" y la "sensibilidad" sobre este asunto, éste es un tema que "hay que estudiar con mucha profundidad para evitar posibles errores y problemas".
Y es que la normativa vigente establece que los requisitos que dan derecho a una prestación deben cumplirse en el momento en que se accede a dicha prestación, que en el caso de la pensión de orfandad no se produce hasta la muerte de los progenitores, cuando "la situación clínica del discapacitado y sus posibilidades y capacidades laborales pueden haber variado, aun cuando sea una situación considerada irreversible".
"No cabe duda, de que el móvil de su petición es muy legítimo: dotar de tranquilidad a los padres sobre el futuro y la seguridad económica de sus hijos. Sin embargo, puede volverse en contra generando inseguridad jurídica porque la incapacidad para todo trabajo ha de concurrir en el momento del hecho causante", ha reiterado Bravo, asegurando no obstante que el PP "no cierra la puerta" a la idea pese a votar en contra en esta ocasión.
El presidente de la Comisión de Empleo, José Eugenio Azpiroz, ha puesto en valor esas últimas palabras y la disposición de sus compañeros de partido a "buscar una salida futura" a este conflicto "jurídicamente complejo", y ha recordado también que permitir el reconocimiento de la gran invalidez en cualquier momento de la vida a efectos de acceder a la pensión de orfandad también podría abrir la puerta a que discapacitados cobraran estas prestaciones muchos años después de quedarse huérfanos, una vez el nivel de su patología se agravara hasta un cierto nivel.
PROBLEMA HUMANO
Junto con los planteamientos de UPyD se han situado el resto de grupos parlamentarios, que han votado a favor de la iniciativa. Así, el socialista Manuel de la Rocha ha recordado que éste es un "problema más humano que jurídico" y que no conlleva ningún coste económico, ya que la prestación seguirá sin cobrarse hasta el fallecimiento del padre.
"Pero se daría un paso más en un proceso de mejora de la calidad de vida y de la seguridad no sólo física sino también psicológica de las personas con discapacidad y sus familias", ha subrayado el diputado.
El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, también considera que el problema es de gran importancia "en términos humanos" y señala que ninguna legislación, por buena que sea, puede "prever todo tipo de situaciones" pero que cuando se genera una "grave angustia" a quienes se ven en esta tesitura la obligación del legislador es solucionarlo. "No se me ocurra nada que lo impida", ha añadido.
Carles Campuzano, de CiU, coincide en que con este cambio normativo se generaría una importante "certidumbre" a las familias de hijos con grandes discapacidades, al margen de que se puedan estudiar otras vías de solución alternativas al problema.
