MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aplicadas en España han provocado la destrucción o han impedido la creación de cerca de 238.000 puestos de trabajo hasta 2025, según un informe publicado este miércoles por el Instituto Juan de Mariana (IJM) y elaborado por los economistas Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo López.
El estudio, titulado 'España, farolillo rojo del empleo en Europa. Índice de Flexibilidad Laboral 2026', advierte de que el incremento acumulado del 66% en el SMI entre 2018 y 2026 (al pasar de 736 a 1.221 euros mensuales en 14 pagas) se ha traducido en un aumento real del 29% para la renta mínima, mientras que el salario más frecuente (modal) ha perdido un 18,5% de su poder adquisitivo en el mismo periodo.
Esta dinámica, según los autores, ha reducido la brecha entre el sueldo modal y el mínimo legal de 6.675 euros anuales en 2018 a solo 644 euros en 2024, provocando un "aplanamiento salarial por abajo" y un encarecimiento laboral que en 2026 eleva el coste para el empleador a 22.330 euros al año por trabajador con salario mínimo (más de 2.030 euros por mes efectivamente trabajado).
El informe recalca que el impacto negativo en el empleo se ha concentrado especialmente en los colectivos con menor cualificación: entre 2018 y 2025, el régimen especial agrario de la Seguridad Social perdió 138.842 afiliados (-17%) y el de empleados de hogar contabilizó 67.641 bajas (-16,5%), sectores que, denuncia el centro, el Gobierno excluye de la encuesta con la que calcula el salario medio de referencia para justificar las subidas del SMI.
A LA COLA EN FLEXIBILIDAD LABORAL Y CAMPEONA DEL PARO
En su diagnóstico macroeconómico, el documento sitúa a España en el último lugar (puesto 27 de 27) en el Índice de Flexibilidad Laboral de la Unión Europea elaborado por la entidad, con una calificación de 1,9 puntos sobre 10 frente al promedio comunitario de 5,2 puntos, encabezado por Irlanda (7,8), Hungría (7,2) y Malta (6,7).
En la normativa de contratación temporal, España obtiene una puntuación de 0,0 al figurar como el país más restrictivo de los 22 Estados miembros analizados por la OCDE (2,91 puntos sobre 6).
El IJM vincula este marco regulatorio al elevado nivel de desocupación: España cerró 2025 con una tasa de paro del 10,5%, situándose como líder de la UE y superando la media europea del 6% y a países como Grecia (8,9%).
En el tramo juvenil, el paro alcanza el 24,9% (el segundo peor dato tras Rumanía) y en mujeres llega al 11,9% (el más alto de la Unión). Según sus proyecciones, converger con la media comunitaria de desempleo sumaría 1,12 millones de ocupados y supondría una mejora fiscal de 19.400 millones de euros anuales (1,2% del PIB) por mayor recaudación y menor gasto en prestaciones.
"MAQUILLAJE" DE 800.000 PARADOS
El trabajo de investigación cuestiona asimismo la evolución oficial de las estadísticas laborales. En septiembre de 2026 se computaban 802.600 demandantes de empleo con relación laboral que no constan como parados registrados (principalmente fijos discontinuos inactivos), un 246% más que en 2018.
Los autores afirman que, si bien el paro registrado oficial descendió en 755.000 personas entre 2019 y 2025, al incluir a estos demandantes la reducción efectiva se queda en 163.000 personas, de modo que casi el 80% de la bajada oficial responde a una "reclasificación estadística".
Asimismo, exponen que diariamente se ausentan de su puesto 1,6 millones de asalariados (1,2 millones en baja médica), lo que arroja un coste económico estimado de hasta 129.000 millones de euros anuales, el equivalente al 8,1% del PIB.
Coincidiendo con la jornada de huelga general convocada para este 11 de noviembre -calificada en el documento como una protesta de "evidente motivación política" al celebrarse dos semanas antes de las elecciones del 29-N-, el informe analiza la financiación de CCOO y UGT.
Según el IJM, ambas organizaciones y sus entidades asociadas recibieron 106,1 millones de euros públicos en 2025 y acumulan 511,6 millones entre 2022 y octubre de 2026, acaparando el 86,1% de todas las ayudas sindicales concedidas en España (297,1 millones para UGT y 214,5 millones para CCOO).
