Publicado 29/09/2022 19:20

El Tribunal de Cuentas denuncia la ineficiencia de las bonificaciones a la contratación indefinida

Archivo - La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conversan a su salida de una sesión plenaria
Archivo - La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conversan a su salida de una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha constatado la ineficiencia del sistema de bonificaciones de cuotas por la conversión en contratos indefinidos de los contratos en prácticas, relevo y de sustitución por jubilación anticipada y ha criticado su falta de evaluación.

Esta es una de las conclusiones del Informe de Fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas.

Se trata de bonificaciones reguladas en la reforma laboral del PP en 2012, si bien la fiscalización abarca los ejercicios 2018 --31.326 contratos convertidos en indefinidos, con bonificaciones por un total de 12,3 millones-- y 2019 --34.500 contratos bonificados con 13,9 millones--, durante el primer año y medio de Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, han sobrevivido hasta llegar a 2022 vigentes.

Según las pruebas realizadas durante la fiscalización para evaluar la eficacia y eficiencia de estas bonificaciones, el informe concluye que esta actuación pública es ineficiente, y tan solo relativamente eficaz, por lo que recomienda al Ministerio de Trabajo y Economía Social que valore su intervención.

El ámbito objetivo de la fiscalización son las bonificaciones de estas cuotas, reguladas en la reforma laboral del PP en 2012, durante los ejercicios 2018 --Pese a las ayudas, únicamente un 18,4% de contratos se acabaron convirtiendo en indefinidos.

FALTA DE EVALUACIÓN

Entre sus principales conclusiones, el Tribunal de Cuentas constata la inexistencia de informes o evaluación continuada de las políticas activas de empleo que avalen el actual diseño de estas bonificaciones de cuotas por conversión de contratos en indefinidos.

Tampoco se cuenta con un plan estratégico, informe, memoria o documento donde se definan indicadores, ratios o estándares para valorar la eficacia, eficiencia e impacto de estas bonificaciones en la consecución de sus objetivos, ni en la justificación del importe fijado para la bonificación en caso de contratos de hombres (500 euros/año) y mujeres (700 euros/año), por qué se consideró dicho importe y cuál fue la justificación del plazo de vigencia de la medida (tres años).

MINORÍA DE CONVERSIONES EN CONTRATOS DE TRABAJADORAS

El estudio realizado para valorar el efecto de estas bonificaciones desde una perspectiva de género revela que los incentivos no solo no han conseguido el impacto esperado, ya que, en términos absolutos, se han convertido en indefinidos más contratos con hombres que con mujeres.

Así, aunque en los contratos en prácticas los convertidos bonificados son porcentualmente muy similares entre ambos sexos -50,44% de contratos con mujeres y 49,56% con hombres-- las diferencias se incrementan sustancialmente en el caso de los contratos de relevo y los de sustitución.

Para los primeros, los contratos bonificados con mujeres representaron el 31% frente al 68% de contratos bonificados con hombres. Para los de sustitución, el porcentaje de contratos con mujeres representó el 30% frente al 70% de contratos convertidos bonificados con hombres.

EVALUACIÓN Y CONTROL

A la vista de los resultados, el Tribunal recomienda al Ministerio de Trabajo y Economía Social que estudie el diseño de un plan estratégico sobre las bonificaciones de cuotas globalmente consideradas y que realice evaluaciones periódicas --internas y externas-- con el fin de valorar la intervención pública.

Asimismo, se recomienda al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que impulse las acciones de colaboración necesarias con la Inspección de Trabajo y con la Tesorería General de la Seguridad Social tendentes a la mejora de la eficacia de la lucha contra posibles fraudes mediante el envío de la información y documentación necesaria sobre los contratos y los criterios de gestión y control.