MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -
CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia no ha incluido en la oferta todas las plazas vacantes
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La federación de UGT Servicios Públicos ha denunciado este jueves que la oferta de empleo público (OEP) aprobada por el Gobierno sin su aval "no supone un refuerzo en los recursos asignados a la Función Pública ni redunda en beneficio de la prestación de servicios a la ciudadanía".
El sindicato ha argumentado en un comunicado que en los últimos años se ha producido una disminución de las plazas ofertadas en los últimos para el personal funcionario y laboral de la Administración del Estado.
Así, expone que, mientras en 2023 se ofertaron 27.656 plazas, ahora son sólo 21.723. "Ese descenso producido desde entonces no permite asegurar ni el crecimiento de empleo ni el rejuvenecimiento de las plantillas", advierte UGT.
Asimismo, señala que para los cuerpos generales se han aprobado en 2026 un total de 6.405 plazas de ingreso libre, por debajo de las 6.500 ofertadas en 2025, y 1.660 para promoción interna, por las 1.730 de la OEP de 2025.
Además, apunta UGT, las plazas ofertadas para los cuerpos de la Seguridad Social en ingreso libre ascienden este año a 1.350, frente a las 1.290 de 2025, mientras que la Agencia Tributaria mantiene el mismo número en ambas ofertas (1.446).
Para promoción interna en los cuerpos de Seguridad Social, la cifra de este año se ha reducido a 420 plazas, cien menos que en 2025.
Por todo ello, UGT Servicios Públicos considera que la oferta aprobada por el Gobierno el pasado martes es "claramente mejorable", puesto que "no se refuerzan suficientemente los recursos asignados y, por tanto, no se experimenta la mejora adecuada en la prestación de servicios a la ciudadanía".
El sindicato se ha quejado además de que durante la tramitación de la OEP de 2026, el Ministerio de Función Pública no ha trasladado a las organizaciones sindicales la información suficiente, al no haber aportado "ningún dato cuantificativo".
"Además, se ha producido una ausencia de planificación, dado que la Administración solamente se ha basado en los datos de diciembre de 2025 para rejuvenecer las plantillas", argumenta UGT.
El sindicato ha denunciado también la demora producida en el desarrollo de los procesos selectivos, dado que no se han convocado más de 9.000 plazas de las ofertas correspondientes para 2023, 2024 y 2025 para el personal laboral.
Por su lado, desde el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO han criticado la negativa de los ministerios de Justicia y de Función Pública a incluir en la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, al menos, todas las plazas vacantes.
El sindicato considera que la negociación de esta OEP llevada a cabo en la Mesa sectorial del Ministerio de Justicia fue "una auténtica farsa, al no haberse incrementado ni en una sola el número de plazas presentadas por el Ministerio de Justicia para su negociación, desatendiendo el 100% de las propuestas sindicales".
Así, ha incidido en que siguen sin incluirse en la OEP las plazas, solicitadas por CCOO, de los órganos judiciales de nueva creación de los últimos años, las jubilaciones y bajas producidas desde el 1 de enero de este año hasta la fecha de hoy, ni la totalidad de las vacantes ocupadas en provisión temporal (comisiones de servicio, sustituciones, adscripciones provisionales o personal interino).
CCOO ha denunciado que, con esta oferta, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas quieren mantener la situación actual de elevada temporalidad, desatendiendo las directivas y sentencias de la Unión Europea que obligan a que todos los puestos de trabajo estructurales estén cubiertos por personal fijo, para tener un porcentaje excesivo de personal interino.
USO EXIGE QUE LAS PLAZAS SE CONVOQUEN Y CUBRAN DE MANERA EFECTIVA
La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) ha valorado que la nueva oferta incorpore perfiles vinculados a la modernización de la Administración, pero ha advertido de que estos avances no pueden ocultar el problema de fondo: falta estructural de personal, plantillas envejecidas, sobrecarga laboral, déficit de planificación y procesos selectivos que no siempre cubren todas las plazas ofertadas.
"Una OEP no puede medirse solo por el número de plazas aprobadas, sino por su capacidad real para cubrir vacantes, rejuvenecer plantillas, reducir temporalidad y garantizar servicios públicos de calidad", ha señalado el secretario general de FAC-USO, Javier Toro.
Así, ha advertido de que la digitalización y la inteligencia artificial no pueden utilizarse como excusa para reducir presencia humana ni deteriorar la atención directa, ya que la transformación digital debe ir acompañada de refuerzo de personal, formación, atención presencial suficiente y garantías de accesibilidad, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables, zonas rurales y ciudadanía afectada por la brecha digital.
Además, USO ha exigido que las plazas se convoquen y se cubran de forma efectiva. "Aprobar una OEP no basta si los procesos selectivos se retrasan, se acumulan, quedan desiertos o no responden a las necesidades reales de los centros de trabajo", ha expuesto.