MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez anunció hoy que el próximo 20 de diciembre la sala resolverá sobre las cuestiones previas formuladas tanto por la acusación como por las defensas en el caso de las cesiones de crédito del Santander, y anunció que se podrá llevar a cabo la comparecencia de los acusados, si asi lo estimaran conveniente. "En ningún caso", afirmó el presidente del tribunal, se dará comienzo al juicio.
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota volvió a defender hoy el sobreseimiento de la causa por entender que el procedimiento no puede seguir adelante sin ninguna acusación de parte, ni desde el Ministerio Fiscal ni por parte del abogado del Estado.
Asimismo, González Mota aprovechó su intervención en la mañana de hoy para rechazar la prescripción de los delitos imputados, como solicitaba la defensa. El fiscal afirmó que los delitos ni han prescrito ni pueden ser objeto de nulidad, aunque se reafirmó en su teoría de pedir la archivación de la causa en lo relacionado con los directivos del Santander y sobre su presidente, Emilio Botín.
El fiscal se reafirmó en la necesidad de archivar el caso, ya que entiende que se incumplieron los parámetros legales exigidos para la apertura del juicio oral, aunque también dijo reservarse acciones penales posteriores, pero sin especificar en qué sentido.
LA DEFENSA APORTA UNA NUEVA PRUEBA PERICIAL.
Por su parte, la defensa, que se expresó de forma conjunta, presentó una nueva prueba pericial en la que además se aportan documentos que no pudieron adjuntarse en el informe pericial anterior. En este sentido, los abogados especificaron que entre los documentos se presenta una fotocopia, para la que pidieron la comparecencia como téstigos de los firmantes de la misma.
La acusación, representada por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), ligada a Rafael Escolar, condenado por el 'caso Banesto', se opuso a la aportación de la nueva prueba pericial alegando que les deja en "indefensión" por obligarles a buscar una nueva prueba o preparar un nuevo informe pericial que pueda contrarestar la información de la defensa.
SOSTENIBILIDAD DE LAS PRUEBAS.
La acusación representada por ADIC defendió la legitimidad de la acusación popular que el Ministerio Fiscal pone en duda y pidió que se desestime el sobreseimiento de la causa apoyado en que la acusación desmonta las pruebas aportadas de forma general y no precisa en las razones concretas de su invalidez.
Tanto ADIC como IU-ICV, formación política aún pendiente de la decisión de la sala sobre si puede personarse como acusación, afirmaron que la Fiscalía no tiene el "monopolio" de la acción penal y defendieron que promover el acceso de la acusación popular supone garantizar las posibilidades de acceso de los ciudadanos a ésta y cubrir la falta de inactividad en algunos procesos del Ministerio Fiscal.
