El fiscal solicita que declaren como testigos los cinco directivos de Telefónica cuya acusación fue archivada por la Audiencia Nacional
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que condene a seis de los ocho acusados por el 'caso Sintel' a penas de cinco años y seis meses de prisión por delitos de insolvencia punible, societarios y contra la Hacienda Pública como responsables del vaciamiento y posterior quiebra en 2001 de la filial de Telefónica que dejó a 1.828 trabajadores sin empleo y un déficit patrimonial de 59,3 millones de euros, según el escrito de acusación del fiscal al que tuvo acceso Europa Press.
Anticorrupción considera probado que los ocho procesados "planearon y ejecutaron decisiones que, lejos de promover el desarrollo industrial del grupo, no tenían más finalidad que su vaciamiento patrimonial definitivo, conduciendo a la sociedad a una situación definitiva de crisis económica irreversible".
El escrito, de 41 páginas y previo al señalamiento del juicio, fue presentado la semana pasada por la Fiscalía ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que será la encargada de juzgar el 'caso Sintel'.
Los principales imputados son los hijos del empresario cubano exiliado en Estados Unidos y ya fallecido Jorge Mas Canosa, Jorge y Juan Carlos Mas Santos, ex presidente de Mastec y ex presidente de Mastec Internacional, respectivamente, y responsables de Sintel desde su adquisición a Telefónica en abril de 1996.
Los otros procesados son el ex vicepresidente de Sintel José Miguel Sariego y los miembros del consejo de administración Juan Antonio Casanova de San Simón, Joel-Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza y el ex director financiero y apoderado de Sintel, Pedro José Novela Berlín. La Fiscalía pide para estos dos últimos dos años y seis meses de cárcel como cooperadores necesarios en la comisión de los delitos.
La Fiscalía les considera a todos ellos responsables civiles de la quiebra junto con las empresas Sintel International, MasTec y Artcom Technologies -esta última beneficiaria de parte del dinero- consideradas responsables civiles subsidiarias.
Sintel fue "un mero instrumento al servicio de sus intereses particulares y con menosprecio absoluto de los derechos de los trabajadores y acreedores", apunta el fiscal.
Anticorrupción pide al tribunal que se les condene a todos ellos a restituir un total de 37,3 millones de euros a la masa de la quiebra, más 16,05 millones de euros por los salarios de los trabajadores y 37,6 millones de euros por indemnizaciones de extinción de contratos impagados. De éstas dos últimas cifras el Fogasa ya anticipó 19,6 millones de euros.
A su vez, el fiscal pide que se añadan los pagos incumplidos establecidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2001 para la totalidad de la plantilla de Sintel, las medidas sociales acordadas que nunca se llevaron a cabo, excepto el plan de prejubilación que sí se cumplió, y una indemnización de 12.000 euros por daños morales para cada trabajador afectado.
TELEFÓNICA, DE TESTIGO.
Anticorrupción solicita que durante el juicio se llame a declarar como testigos a 54 personas, entre las que se encuentran los cinco directivos de Telefónica, cuya imputación fue archivada por el juez Santiago Pedraz y ratificada por la Sala de lo Penal el pasado mes de diciembre, después de ocho años de la apertura de diligencias contra ellos y en contra de la opinión del fiscal del caso, cerrando así la posibilidad de que Telefónica fuera declarada responsable civil subsidiaria.
Así, se pide oir el testimonio del presidente de Telefónica que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996, Cándido Velázquez, y el entonces secretario del consejo de administración de la empresa, Heliodoro Alcaraz.
Además, se pide citar como testigos al secretario general en tiempos de Juan Villalonga, José María Mas Millet y al entonces vicesecretario general, Diego Luis Lozano Romeral, así como al apoderado general de la empresa, Luis Ángel Casado Carrasco.
"El sobreseimiento de estas imputaciones pone muy fácil la estrategia de defensa de los acusados", explicaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas al caso. El fiscal también pide en su escrito que declaren como testigos otras 11 personas que estuvieron imputadas durante la fase de investigación.
El 30 de abril de 1996 Telefónica alcanzó un acuerdo con Mastec, propiedad de Mas Canosa, para venderle su filial Sintel a través de la filial MasTec International, creada únicamente para gestionar la compra.
A partir de ahí, los responsables realizaron "operaciones de descapitalización progresiva" con simulaciones de ventas de Sintel a varias sociedades "desgajadas de la matriz" y domiciliadas en paraísos fiscales "sin que conste que Sintel haya cobrado cantidad alguna" .
En mayo de 2001, un tribunal declaró la quiebra de Sintel dejando a 1.788 acreedores y 1.828 trabajadores afectados distribuidos por todo el territorio nacional, cuya situación les llevó a acampar durante seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana.
