Economía.- El Supremo sube las penas a 3 imputados en el caso Intelhorce y condena a un alto cargo de Patrimonio

Ordena la celebración de juicio contra cuatro acusados, cuyas causas fueron sobreseidas

MADRID/MALAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sala segunda del Tribunal Supremo ha aumentado las penas impuestas a tres imputados del caso Intelhorce por la Audiencia Provincial de Málaga y condena al que fuera presidente de Improasa --mediador en el proceso de privatización--, José Miguel Moreno, Además, ordena un nuevo juicio para otros cuatro de los acusados, cuya causa quedó sobreseida, según la sentencia del alto tribunal, a la que tuvo acceso Europa Press.

La sentencia, de 348 folios y con la que se resuelven los recursos de casación presentados, anula los pronunciamientos que determinaron el sobreseimiento respecto de los acusados Cristóbal Peñarroya Sánchez, Wilfredo Charles Pérez, José López García y José Vela Martín, y ordena que se celebre el correspondiente juicio contra ellos, por la acusación de delito fiscal, realizadas por el Ministerio Público.

El fallo, que mantienen todas las condenas impuestas por la Audiencia de Málaga, señala que el plazo de prescripción del delito fiscal es el de cinco años y es independiente del plazo de prescripción de la deuda tributaria de cuatro años.

El Supremo condena al entonces presidente de la sociedad estatal Improasa, José Miguel Moreno García, a cuatro años y dos meses de cárcel como autor de un delito de cohecho, y a cinco años de prisión menor, por el delito continuado de fraude, a pesar de que la Audiencia de Málaga lo absolvió de todas las acusaciones.

Según el relato de hecho, Moreno, desde su cargo, en lugar de cumplir la función de cuidar de los intereses generales de la privatización se pasó directamente a la parte contraria una vez sobornado, con la promesa de percibir personalmente la cantidad de 50 millones de las antiguas pesetas.

Asimismo, indica que se dedicó a velar "exclusivamente" por sus propios intereses y por los de los adquirientes, "con desprecio de los intereses públicos que debía salvaguardar"; al tiempo que considera que el condenado en aquella época tenía a efectos penales la condición de funcionario público. Además, señala que se confabuló con Giovanni Orefici para defraudar al Estado.

CONDENA PARA OREFICI

Por otro lado, el Alto Tribunal también condena a Giovanni Orefici por un delito de cohecho, al haber realizado la oferta de soborno a Moreno García, a dos años de prisión menor y a una multa de 360.000 euros.

En este caso, se da la circunstancia de que el italiano, condenado ya a 17 años de prisión por estafa, falsedad y delito contra la Hacienda Pública en primera instancia, falleció, al parecer, el pasado mes de octubre en Kenia, tras huir de la justicia española a dicho país.

Su último abogado, puso en conocimiento del Tribunal Supremo la defunción del empresario italiano y además, la Audiencia de Málaga solicitó la exhumación del cadáver, enterrado en Cremona (Italia), para asegurar su identidad a través de sus huellas dactilares.

Por otro lado, se condena también al ex consejero delegado de la empresa Fianzas y Créditos, Manuel Alejandro Márquez Espinal, como autor de un delito de estafa continuada a la pena de tres años de prisión menor, al no considerar prescrito dicho delito.

Además, tendrá que responder solidariamente de la misma indemnización señalada a Orefici en la sentencia de instancia. Márquez fue condenado por la Audiencia de Málaga a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública.

Por último, la sentencia también condena a Alvaro García Lavigne como autor de un delito de falsedad continuada a la pena de dos años de prisión menor y multa de 3.000 euros. El tribunal considera que falsificó diversos documentos, como letras de cambio ficticias y sin que respondieran a negocio causal alguno, que fueron satisfechas por Intelhorce y además se utilizaron para aparentar que la empresa tenía gastos, lo que hacía preciso que el Estado inyectara más dinero para su viabilidad.

Este fue condenado por la Audiencia malagueña a dos años y cuatro meses por simulación de contrato y a otro tanto por un delito contra la Hacienda Pública.

La vista del recurso de casación presentado por en el denominado caso Interlhorce, en el que se juzgaron las irregularidades cometidas en la operación de privatización de la fábrica textil malagueña, se celebró el 18 de noviembre del pasado año. En el tribunal de la vista estuvieron los magistrados Joaquín Delgado, Miguel Colmenero, Diego Ramos, Joaquín Jimenez y Cándido Conde-Pumpido, actual fiscal general del Estado, que fue el ponente.

La sentencia de Málaga absolvió también al ex director y al ex subdirector de la Dirección General de Patrimonio, Luis Alcaide y Miguel Angel Herrera Chamorro.

Por contra, condenó al asesor financiero Abel Arribas a seis años y un día de prisión mayor, por un delito continuado de estafa y a otro año de cárcel y una multa por otro delito de falsedad; mientras que la Fiscalía pedía un total de 24 años; así como al antiguo trabajador de la fábrica José Serrano fue condenado a un año de prisión por encubrimiento.

Asimismo, estimó también que el conde austríaco Jorge Bardeau y el abogado José Luis Castillo Tejero cometieron el mismo delito de forma continuada contra la Hacienda Pública, por lo que los condenó a cuatro años de prisión y una multa de 541.190 euros; y a dos años de prisión y multa de 120.264 euros, respectivamente.