Estafa Filatélica.- Afectados piden un compromiso político para reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado

Actualizado: miércoles, 7 noviembre 2007 15:38

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de siete asociaciones de afectados por las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa de toda España se reunieron hoy en Madrid para reclamar un compromiso formal de todos los partidos políticos que reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado por la negligencia y la falta de supervisión de las sucesivas administraciones que han gobernado desde 1979 hasta 2006.

Mañana se cumple el plazo de seis meses que tenía la Administración para dar una respuesta a las reclamaciones presentadas el pasado mes de mayo. El Ministerio de la Presidencia anunció el pasado mes de octubre la prórroga de seis meses para dictar la resolución.

Los representantes de estas asociaciones, que reúnen a 8.000 afectados, consideraron que la prórroga tiene un "matiz político" de cara a las elecciones generales de marzo, según afirmó el portavoz de la Asociación de Afectados de Fórum y Afinsa de Andalucía, Francisco Bernal.

Los afectados prevén un "silencio administrativo" al respecto que les ha llevado a dirigirse directamente a los grupos políticos, según Bernal. En caso de que se produzca el silencio o una respuesta negativa, la demanda de responsabilidad patrimonial se elevará a los tribunales Contencioso-Administrativos, cuya resolución podrían tardar años en determinar si existe o no responsabilidad patrimonial del Estado.

CARTAS A LOS CANDIDATOS.

La petición se formalizará a través de una carta que se enviará en los próximos días a los candidatos de cada partido a las próximas elecciones generales de marzo. En el contenido de la misiva se pide la inclusión de un acuerdo social en los programas electorales que reconozca la pasividad administrativa en la aplicación y la vigilancia de la legislación financiera y la actividad de captación de fondos realizados por las dos empresas.

Las demandas previas de responsabilidad patrimonial se dirigieron contra la Administración del Estado, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

Según explicó Bernal, las asociaciones exigen una "respuesta por escrito" por parte de cada una de las formaciones con la finalidad de que los afectados "decidan su voto". El objetivo de la iniciativa es conseguir el apoyo del máximo número de grupos políticos con representación parlamentaria "hasta conseguir una mayoría de presión", afirmó Bernal, quien destacó que la iniciativa se hará extensiva al resto de asociaciones.

Estas siete asociaciones reclaman la devolución del 100% de las inversiones depositadas en Fórum y Afinsa y reconocidas por las respectivas administraciones concursales. Por otro lado, rechazan el Fondo de Garantía apoyado por otras asociaciones de afectados y propuesto por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Servicios Bancarios (Adicae).

CLARA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

Los abogados de estos 8.000 afectados, representados por el bufete Val Jiménez, argumentaron las alegaciones en las que se sustenta la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado.

Los letrados explicaron que la Ley 46/1984 estableció la potestad del Ministerio de Economía y Hacienda para controlar legalmente, a través de la Agencia Tributaria, a estas dos empresas que, según consideraron y según determinó la Fiscalía Anticorrupción, captaban fondos y actuaban como entidades financieras.

También destacaron que la Ley 35/2003 que desarrolló la Disposición Adicional Cuarta de regulación de instituciones de inversión colectiva resultó "insuficiente" para completar el marco regulador, según explicó el abogado Manuel Val.

Los abogados argumentaron que las Administraciones Públicas no cumplieron con el artículo 51 de la Constitución Española que obliga a "garantizar la defensa de los consumidores y usuarios", según la Ley. Por último, recordaron que la Constitución de 9 de diciembre de 1931 ya contempló la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado.

"El Partido Popular conocía la situación y ahora el Partido Socialista no se atreve a ayudar", afirmó Val, quien explicó que esto supone una "clara negligencia" por parte de los diferentes Gobiernos.

El pasado mes de mayo todas las asociaciones independientes, que representan a 156.000 afectados, reclamaron la responsabilidad patrimonial del Estado. Por su parte, todas las asociaciones pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), menos Adicae que sí presentó al reclamación, no optaron por esta vía en representación de sus 115.000 afectados.

Las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa se saldaron con 460.000 afectados directos y 1,2 millones indirectos. La administración concursal determinó un agujero patrimonial de 2.843 millones de euros en Fórum y de 1.823 millones en Afinsa.