Superaban en un 61% las del plan de integración elaborado por AFI
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los socios de PwC José María Sanz y Justo Antonio Alcocer han recordado que las pérdidas de 11.500 millones de euros en tres años que calcularon para BFA en el momento de la integración eran a valor razonable y por tanto subjetivas, elaboradas sobre modelos, simulaciones y estimaciones, y que fueron un 61% superiores a las que recogía el plan de integración de AFI por posibles variaciones en el perímetro o en las hipótesis utilizadas para ambos informes.
Así lo han declarado durante sus respectivos interrogatorios en calidad de testigos en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en el que la fiscal Carmen Launa ha profundizado en el informe de evaluación de pérdidas razonables que la firma realizó a finales de 2010 para ayudar a las cajas en el registro de la contabilidad para la combinación de sus negocios.
Dicha evaluación arrojaba una pérdida razonable futura de 11.500 millones en tres años, un 61% más de lo previsto por AFI en el plan de integración.
El gabinete de presidencia de BFA, que aún no existía como persona jurídica, encargó a PwC la elaboración de un informe para contabilizar los ajustes que debían realizar a valor razonable a efectos del registro de la combinación de negocios de las siete entidades en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que después dio lugar a BFA-Bankia.
Los equipos de PwC, integrados por más de 30 personas y dirigidos por los socios José María Sanz, Justo Antonio Alcocer y Sergio Durá contaban con un plazo de cuatro o cinco semanas para elaborar su informe, que comenzó poco después de la firma del contrato el 18 de octubre de 2010 y que presentaron a Rodrigo Rato el 14 de diciembre de 2010.
El trabajo se realizó para cada una de las siete cajas que se integraron después en el SIP y los interlocutores eran los responsables de las áreas técnicas de las entidades. Según ha explicado el socio de PwC José María Sanz, su función era ayudar a las entidades a preparar la contabilización que tenían que hacer en el momento de la constitución del SIP, lo que implicaba contabilizar a valor razonable.
En concreto, en contabilidad se aplican conceptos históricos y pérdidas incurridas, por lo que la visión es retrospectiva, mientras que en valor razonable no existen datos específicos y se tienen que establecer modelos, simulaciones y estimaciones, lo que implica subjetividad.
Para ello, se focalizaron en las áreas que las entidades consideraban más representativas del activo y el pasivo, que eran la cartera de crédito, los activos inmobiliarios, los activos financieros, la cartera de inversión y las sociedades participadas, como era habitual.
"Cuando hay subjetividad es muy complicado y se depende de que se cumplan las hipótesis, de que la economía vaya mejor o peor, de que el paro crezca más o menos... y en ese ejercicio nos piden las entidades que les ayudemos para que tomen su decisión sobre lo que tienen que hacer. Nuestro objetivo es asesorarles y ayudarles en ese contexto", ha explicado Sanz, quien ha recalcado que ellos solo prestan asesoramiento, pero la decisión es responsabilidad de la entidad.
El informe de PwC ofrecía varios escenarios y rangos, ya que se estaban simulando numerosos factores. El escenario central para las pérdidas a valor razonable de los activos evaluados fue el de 11.500 millones de euros en tres años, de los que entre 6.800 y 8.200 millones serían para el primer año, 2010.
Estas conclusiones fueron comparadas en el informe con las del plan de integración previo que había realizado AFI, únicamente con el objetivo de hacer una comparativa ilustrativa, pero sin ningún tipo de revisión o análisis. El resultado era que las pérdidas a valor razonable que calculó PwC superaban en un 61% a los 7.146 millones del plan de integración, con 11.500 millones de euros en tres años (2010-2012).
El socio de la firma José María Sanz ha indicado que no se contrastó por qué los resultados de AFI eran diferentes, aunque la brecha respondería a diferencias en el alcance o en las hipótesis con las que habían trabajado.
"Habría algunas diferencias en el alcance, algunos activos que englobamos nosotros no se habrían considerado dentro del plan de integración, como el riesgo inmobiliario de sociedades participadas, y las hipótesis que manejábamos podían ser distintas", ha señalado Sanz, quien ha recordado que en cualquier caso todas las estimaciones eran subjetivas.
Esta explicación ha sido secundada por la ofrecida a continuación por el socio Justo Alcocer, quien ha afirmado que reflejaron las estimaciones del plan de integración de AFI en su informe solo para que "se entendiese mejor lo que se estaba diciendo", pero no lo cuestionaron.
"Simplemente decimos, haciendo nuestro análisis que entiendo que eran alcances diferentes, entramos en un nivel de estimaciones de pérdidas económicas que son las que ponemos ahí. No sé si en el plan de integración se analizaron grandes riesgos o no", ha apuntado.
El informe de PwC se dio por formalmente terminado el 14 de diciembre de 2010, el día en que se presentó a la dirección de la entidad. Entre los asistentes a la reunión, los socios de PwC solo han sido capaces de identificar con seguridad al presidente de la entidad, Rodrigo Rato, y al entonces director del gabinete de presidencia, Luis Maldonado, y no recuerdan que tomasen ninguna decisión en dicha cita.
Rato finalmente decidió provisionar más de lo que se estableció en este plan, unos 13.000 millones de euros (9.207 millones en el año 2010). Tras esta decisión, los socios de PwC han explicado que la normativa establece que la cifra se debe contabilizar contra fondos propios y que, si en el plazo de un año se conoce una circunstancia que pueda haber modificado la opinión sobre pérdidas razonables, se podrá ajustar, mientras que todo lo que ocurra de manera nueva se anota en la cuenta de resultados.
Después de los socios de PwC, ha testificado el socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) Enrique Martín Barragán. También habían sido citados los socios de la misma firma Alfonso García Mora y Ángel Berges Lobera, pero tras escuchar a Martín Barragán la Fiscalía ha renunciado a mantener las testificales.
Durante su breve interrogatorio, Enrique Martín ha relatado que su firma actuó como asesora de las cinco cajas más pequeñas que se integraron en el SIP, mientras que Deloitte hizo lo propio con Caja Madrid y Bancaja, por lo que ambas sociedades colaboraron en la realización del plan de integración.
Según ha indicado, este informe podía considerarse un plan de negocio a cinco años que garantizaba que las entidades podían devolver las ayudas que recibiesen del FROB y desarrollar su actividad de forma autónoma.
Para realizar el cálculo a valor razonable de la pérdida estimada de la cartera de crédito, AFI y Deloitte utilizaron para las siete cajas los estados reservados que habían comunicado al Banco de España a 31 de diciembre de 2009 y sus presupuestos para 2010.
"Para hacer esas estimaciones de pérdida esperada, se hacían hipótesis sobre cuál era la probabilidad de impago de cada tipología de riesgo. Esas hipótesis no tenían base empírica, porque no se había producido en el pasado, lo que intentábamos era que fuesen alineadas lo que podían ser las prácticas de distintas instituciones, lo que pudiera estar incorporando el FMI en sus informes o lo que podía usarse en los test de estrés", ha explicado.
Según el socio de AFI, existía una provisión genérica para todas las entidades que se detraía a específica con las operaciones en mora. La situación de casi todas las entidades era "prácticamente de agotamiento" de la provisión genérica y el Banco de España había pedido que se recompusiese la provisión genérica, por lo que se incorporaron dotaciones adicionales.
