MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales en España (ASPAC), Luis Martín, cree que los nuevos test que se deberán realizar para poder administrar concursos de acreedores pondrán en riesgo la profesionalización y especialización del sector, y considera además "injusto" el nuevo sistema retributivo propuesto por el Gobierno.
Según el proyecto de real decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal, quienes quieran ser administradores concursales ya no sólo tendrán que cumplir ciertos requisitos académicos y laborales, sino que también deberán superar un test con cien preguntas sobre un caso práctico, salvo los profesionales con una amplia experiencia demostrada, que estarán eximidos de este trámite.
Para Martín, este sistema permitirá seleccionar profesionales "sin limitación", lo que hará que en el listado de administradores autorizados haya "muchos más de los necesarios" para tramitar los concursos que cada año se declaran en España, poniendo así "en riesgo la especialización y profesionalización" de la administración concursal, con "consecuencias muy negativas para los acreedores y la economía".
Por eso, defiende la designación basada en "méritos probados", alegando que "la experiencia y los conocimientos jurídicos y económicos son una garantía para alcanzar un sistema de la insolvencia eficiente y para garantizar la devolución del crédito de los acreedores".
COBRAR SEGÚN LA RESPONSABILIDAD
Con el nuevo reglamento, también se modifica el régimen salarial de los administradores concursales, que cobrarán con cargo a la masa activa o, si ésta no es suficiente, a la cuenta arancelaria, con un tope de 1,5 millones de euros salvo casos excepcionales determinados por el juez, que también podrá penalizar a los administradores que no sean suficientemente diligentes.
Un mecanismo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve justo porque "remunera el trabajo efectiva y eficientemente realizado", algo que ASPAC rechaza ya que, a su juicio, el sistema debería ser "proporcionado al trabajo y responsabilidad exigible".
"La limitación retributiva y las cargas impuestas son injustas, desproporcionadas y pueden, en el futuro, dar lugar a que se promueva alguna cuestión de inconstitucionalidad por algún Juzgado Mercantil, o que se examine su constitucionalidad a través del recurso de amparo", afirma Martín, que critica particularmente que se imponga a la administración concursal la asunción de los costes de las tasaciones de inmuebles.
