El Banco de España constata el impacto positivo del plan anticrisis a corto plazo, pero ve limitaciones

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha constatado que las medidas fiscales contempladas en el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo presentan un efecto macroeconómico positivo a corto plazo, pero ha advertido de que su diseño, al no estar focalizado en los hogares más vulnerables, adolece de limitaciones en términos de eficacia redistributiva.

"Alternativas más focalizadas y selectivas permitirían alcanzar un grado de protección similar, así como reducir distorsiones en las señales de precios relativos", ha sugerido el organismo que dirige José Luis Escrivá en el último informe sobre la economía española, publicado este viernes.

El director general de Economía del Banco de España, José David López Salido, ha destacado que, en general, el Real Decreto-ley aparece en un momento adecuado, con una respuesta rápida y acotada en el tiempo, aunque ha reiterado que hubiese sido deseable que estuviera más focalizado, especialmente hacia familias más vulnerables.

En el informe, el Banco de España ha calculado el impacto de este plan del Gobierno, tanto en términos presupuestarios como a nivel macroeconómico. Con su análisis, se constata que el impacto es positivo a corto plazo al conseguir amortiguar las fluctuaciones de la inflación asociadas al súbito encarecimiento de los precios energéticos. Asimismo, señala que su carácter temporal garantiza que las rebajas fiscales se circunscriban al período de mayor incidencia del shock energético.

En cuanto a la inflación, el organismo ha calculado que el impacto del paquete fiscal del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio reduciría los precios cinco décimas en 2026, pero su reversión los aumentaría otras cinco décimas en 2027.

Bajo este supuesto, el escenario central de las proyecciones del Banco de España, que incorpora las medidas de apoyo fiscal, mostraría una senda de crecimiento de los precios más estable, con un repunte más moderado en 2026 --hasta el 3%-- y una desaceleración menos intensa en 2027 --hasta el 2,5%--.

La institución ha detallado que la entrada en vigor de las rebajas a la imposición de la energía produce una reducción mecánica de la inflación --al disminuir directamente los precios finales afectados por dichas medidas--, pero, de manera simétrica, su eventual reversión genera un incremento igualmente mecánico de la tasa de inflación, al restituirse los tipos impositivos previos.

De este modo, el organismo ha destacado que la adopción de las medidas fiscales contribuiría a reducir "de manera significativa" la volatilidad de la inflación en los próximos dos años.

"Por tanto, en términos netos, a lo largo del horizonte de proyección el impacto acumulado de la aplicación y posterior retirada de estas medidas tiende a ser prácticamente nulo sobre la inflación", se apunta en el informe.

IMPACTO POSITIVO EN PIB DE TRES DÉCIMAS EN 2026 Y NEGATIVO EN 2027

En lo que respecta a la actividad, la incorporación de las medidas implicaría un crecimiento del PIB en 2026 superior en tres décimas al proyectado bajo un escenario sin medidas fiscales, mientras que en 2027 el crecimiento sería una décima inferior.

Con este escenario, las proyecciones del Banco de España apuntan a un crecimiento del PIB este año del 2,3% y del 1,7% el próximo.

Este perfil responde a que el paquete fiscal proporciona en 2026 un impulso significativo a la demanda interna, reforzando el consumo de los hogares a través de una mayor renta disponible y favoreciendo determinadas decisiones de inversión.

En 2027, la retirada del estímulo y el agotamiento del efecto base asociado a ese adelanto generarían una ligera moderación de la demanda, lo que daría lugar a una contribución menor de la demanda interna y a una senda más contenida del PIB.

En términos presupuestarios, el Banco de España ha calculado que el decreto contiene un paquete de medidas dirigidas a reducir los impuestos energéticos de manera generalizada, cuyo impacto estimado alcanzaría en torno a un 0,15% del PIB, mientras que el conjunto de subvenciones, ayudas directas y otras medidas de apoyo tienen un impacto de en torno al 0,14% del PIB.