Publicado 15/10/2020 20:36CET

El Congreso fija el 23 de octubre la última reunión del Pacto de Toledo y votará sus conclusiones la semana siguiente

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, saluda a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, saluda a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

El acuerdo de pensiones, preparado a falta de una última reunión

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, la exministra Magdalena Valerio, ha emplazado a los grupos a una última reunión el próximo viernes 23 de octubre y ya ha puesto una fecha para votar en Comisión las nuevas recomendaciones.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, esta votación está prevista cuatro días después, el martes de la semana siguiente, una vez se dé carpetazo a la renovación de las recomendaciones que el Congreso persigue desde hace ya cuatro años.

Todo ello tras celebrar esta semana dos reuniones, la última más de cinco horas este miércoles, en la que los grupos concluyeron la última revisión de las recomendaciones, y en la que quedaron en celebrar una última reunión más para comprobar en papel el redactado final de los letrados con los últimos cambios.

Esta reunión estaba prevista para este viernes, pero Vox solicitó postergar los trabajos a la moción de censura que defenderá a partir del próximo martes, una solicitud aceptada por Valerio. Otras fuentes señalan que no fue el único grupo que solicitó más margen.

En todo caso, todas las fuentes consultadas por Europa Press coinciden que, a partir del próximo viernes, los grupos están emplazados a trabajar sus posiciones finales que defenderán, ya sí en público, primero en Comisión y después ante el Pleno de la Cámara.

SUBIDAS CON EL IPC Y SANEAMIENTO DE LAS CUENTAS EN TRES AÑOS

Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

CÁLCULO EN 25 AÑOS Y ELECCIÓN DE MEJORES AÑOS

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión --hasta 25 años en 2022-- pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respaldar medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización, emplazando al Gobierno a identificar en un estudio a elaborar en tres meses qué excepciones podrían darse para esas penalizaciones, especialmente cuando la jubilación hubiera sido forzosa por la crisis.

RECHAZO A UNA "TRANSFORMACIÓN RADICAL" DEL SISTEMA

El nuevo texto, además, incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o incluso eventuales reformas que afecten a los mismos.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

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