MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso quiere que el Gobierno impulse las relaciones bilaterales con Canadá en el ámbito económico, político y cultural, así como en materia de alianzas y proyectos en América Latina.
Así lo decidió este miércoles con los votos a favor de PP, UPyD y CiU y la abstención del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en una iniciativa 'popular' para profundizar las relaciones bilaterales con el país norteamericano a la perspectiva del acuerdo de libre comercio UE-Canadá.
En concreto, la Cámara Baja considera necesario aprovechar el clima de entendimiento propiciado por el tratado de la Unión Europea con Canadá para impulsar también las relaciones bilaterales, "especialmente en el ámbito económico", pero también para fomentar la cooperación multilateral para "promover conjuntamente los valores compartidos en las organizaciones internacionales".
Además, aprovecha para congratularse por la remisión a las Cortes del protocolo entre España y Canadá que modifica el convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, y pide que al Ejecutivo que promueva en el ámbito comunitario la "rápida aprobación" del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y el Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA) con Canadá.
PROTECCIÓN A LOS INVERSORES
Y ha sido precisamente el Acuerdo Económico y Comercial Global, cerrado el pasado mes de septiembre y que deberá entrar en vigor en 2016, el que ha motivado la abstención de los socialistas, que apelan a las reticencias manifestadas por los parlamentos alemán, francés y austriaco sobre las cláusulas de protección a los inversores (los llamados mecanismos ISDS, por sus siglas en inglés).
Y es que esos países ya han advertido de que no ratificarán el acuerdo --también está pendiente la ratificación por parte de la Eurocámara, que debe asimismo decidir si reabre ese capítulo o no-- si se mantienen estas cláusulas de protección de las inversiones, que permiten a los inversores plantear demandas transfronterizas ante tribunales de arbitraje privados si la normativa de un país perjudica o puede perjudicar en el futuro a un proyecto.
"Nosotros, desde la defensa del comercio y de el convencimiento de las virtudes para la creación de empleo y la prosperidad de una sociedad abierta, entendemos que esos acuerdos tienen que ser equilibrados y no deben contener cláusulas ISDS de ningún tipo, sino que se debe hacer uso de los tribunales públicos nacionales. Y como el acuerdo con Canadá contiene esa cuestión, no podemos apoyarlo hasta que se solucione", ha explicado el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Juan Moscoso del Prado, a Europa Press.
