La oposición apoya la medida pero exige universalizar el acceso a las guarderías y medidas de conciliación
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad la moción pactada entre el PSOE y ERC para aumentar hasta los 3.500 euros la nueva prestación a la maternidad para los casos de familias monoparentales (como las madres solteras), las familias numerosas y los hijos nacidos con problemas con discapacidad.
A pesar del respaldo, todos los grupos de la oposición criticaron, con distintos matices, el carácter "electoralista" de la paga a las madres propuesta por el Gobierno y exigieron medidas para universalizar el acceso a las guarderías y para conciliar la vida familiar y laboral.
El PP dio su respaldo a la moción, si bien su diputada Lourdes Méndez calificó de "insuficiente" el apoyo a las familias numerosas por parte del Ejecutivo. Asimismo, censuró el carácter "electoralista" de la paga a las madres reclamando un incremento de todas las cuantías por hijo a cargo, por ejemplo hasta los 610 euros, cuando los ingresos anuales no sean superiores a los 12.000 euros.
Olaia Fernández (BNG) también ofreció el respaldo del Grupo Mixto, si bien exigió al Ejecutivo garantías de universalización de las plazas de educación infantil de 0 a 3 años, así como "un más debate sosegado" de las medidas de apoyo a la familia, con el fin de evitar el "electoralismo".
UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LAS GUARDERÍAS.
En nombre de IU-ICV, Carme García, hizo hincapié asimismo en la necesidad de alcanzar un compromiso para universalizar el acceso a las guarderías en la próxima legislatura. Para alcanzar este fin, propuso a la Cámara introducir la "primera piedra" en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Emilio Olabarría (PNV) censuró la "perversión de conceptos jurídicos" que, a su juicio, introducen las medidas natalistas que propone el Gobierno y señaló la necesidad de "garantizar la soberanía fiscal" de las comunidades autónomas. Además, echó en falta medidas de conciliación de vida familiar y laboral.
Carles Campuzano, de CiU, también dio el apoyo de su grupo, pero recordó que el CES ha censurado el carácter aislado de la medida. "Hemos empezado de la peor manera posible", apuntó. Por otro lado, criticó el "izquierdismo mal entendido" a la hora de favorecer la intervención del estado en políticas que son competencia autonómica.
LA MOCIÓN ACORDAD
La moción acordada señala la necesidad de que todas las prestaciones a las familias, tanto las estatales como las aplicadas en el ámbito autonómico, queden exentas del impuesto sobre la renta, con el fin de no rebajar el poder adquisitivo de las familias.
Además, insta al Gobierno a incrementar a 11.000 euros el umbral mínimo de renta familiar, en relación con las ayudas para familias sin recursos, impulsar políticas tendentes a desarrollar la escolarización de 0 a 3 años y potenciar la perspectiva de género en el diseño de este tipo de políticas.
Por otra parte, el texto señala la necesidad de coordinar con las comunidades autónomas la determinación de las ayudas familiares y su integración en las políticas de la Seguridad Social, con el fin de mejorar la eficacia en la consecución de objetivos.
BENEPLÁCITO DE SOLBES
La diputada socialista Esperanza Esteve, que intervendrá esta tarde en nombre de su grupo, aseguró a Europa Press, que este acuerdo cuenta con el beneplácito del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes y valoró de manera positiva la actitud de ERC en este ámbito. Esteve calificó a los independentistas como "buenos compañeros de viaje" y subrayó su "preocupación por las políticas sociales".
No obstante, Esteve precisó que aún "no está decidido" incorporar al proyecto de Ley otras cuestiones reivindicadas por los grupos, especialmente la retroactividad de la ayuda, a partir del 1 de enero de este año.
Para los socialistas, lo "razonable" es que entre en vigor desde el momento en que fue anunciada por Zapatero (el 1 de julio) y se muestran partidarios de añadir al proyecto de Ley otras ayudas de protección a colectivos en situación de vulnerabilidad, valoradas por el Ejecutivo en 150 millones, según fuentes parlamentarias.
Por otra parte, esta diputada socialista se mostró partidaria en "avanzar" hacia la universalización de la educación de 0 a 3 años. No obstante, el PSOE no ve posible establecer una fecha para este compromiso, dado que es una cuestión que depende de los convenios con las comunidades autónomas y ayuntamientos
Por su parte, la portavoz de Esquerra en materia de políticas para la familia, Georgina Oliva, calificó de "muy importante" el acuerdo alcanzado, teniendo en cuenta que incorpora "ayudas globales para las familias más necesitadas y de rentas medias".
