MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) expresó hoy su preocupación por la "tardanza o posible incumplimiento de los plazos" en la transposición de la directiva de liberalización de servicios, que supondrá un "cambio drástico" de la normativa que regula la implantación de nuevos establecimientos.
La patronal estima que las trabas normativas a la apertura de grandes superficies comerciales han impedido una inversión de alrededor de 3.000 millones de euros en proyectos que hubiesen generado hasta 20.000 puestos de trabajo directos, por lo que se muestra "optimista" con las perspectivas que abre la directiva para la ejecución de los planes de expansión de sus empresas.
En el XXII Curso de Economía organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el secretario general de Anged, Fernando Olascoaga, señaló que el sector tiene puestas "muchas esperanzas" en la directiva, pero recordó que el plazo para la transposición finaliza el próximo 28 de diciembre y el Gobierno aún no ha aprobado la denominada 'Ley paraguas'.
"Estamos en marzo, quedan nueve meses y hay preocupación sobre si se va a llegar a tiempo", recalcó Olascoaga, quien recordó que los trámites parlamentarios "llevan un tiempo" y aseguró que, pese a que las comunidades autónomas pueden transponer la directiva, están esperando a que el Gobierno promulgue la 'Ley paraguas'.
Además de la preocupación por que se cumplan los plazos, el secretario general de Anged también aludió a la forma en la que Gobierno y comunidades autónomas adaptarán la directiva.
"España no debe perder de vista el objetivo de liberalización marcado por el Parlamento Europeo", recalcó tras señalar que las medidas que recoge esta normativa en materia comercial derivan de la constatación de las barreras y obstáculos que limitaban la instalación de establecimientos.
En el caso español, detalló las contradicciones y ambigüedades que a su juicio presenta la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, e indicó que la legislación autonómica que se desarrolló a partir de esta ley se centró en proteger al pequeño comercio limitando la implantación de grandes superficies, lo que llevó a algunas comunidades a establecer moratorias.
"La directiva en materia comercial es muy clara y deja poco lugar a interpretaciones", sostuvo Olascoaga, quien explicó que el Gobierno y las comunidades autónomas tendrán que justificar la existencia de licencias sólo por razones de interés general, como motivos medioambientales o urbanísticos. Además, deberán eliminar de la legislación todos los requisitos que no respondan al interés general y que son discriminatorios o desproporcionados.
En este sentido, señaló que la 'Ley paraguas' debe conllevar una modificación de la Ley de Comercio en lo relativo a la licencia autonómica, que, según apuntó, no deberá tener carácter imperativo, sino "facultativo".
