Economía/Empresas.- PSOE, PP, CiU y PNV avalan en el Congreso la 'Ley Ómnibus' para liberalizar los servicios

Actualizado 01/10/2009 13:06:22 CET

Caamaño se compromete a "atender" a las enmiendas de la oposición para ganarse el apoyo de PNV y CiU

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy gracias a los votos de PSOE, PP, CiU y PNV la enmienda de totalidad presentada por ERC e IU-ICV contra el contra el proyecto de ley conocido como 'Ley Ómnibus' que modifica 47 leyes para su adaptación a la Directiva de Servicios, y que según el Gobierno permitirá incrementar un 1,2% el Producto Interior Bruto (PIB) en los próximos años y generar entre 150.000 y 200.000 empleos con el aumento de la competencia en el sector.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió que el sector servicios es el más importante de la economía española en términos de crecimiento y empleo, ya que representa casi dos terceras partes del PIB y del empleo en España. El pasado martes, la Cámara Baja dio su visto bueno a la primera parte de esta compleja reforma legislativa con la aprobación de la conocida como 'Ley Paraguas', que sentó las líneas de las reformas de la norma refrendada hoy.

En este sentido, Caamaño aseguró que la aprobación de esta 'Ley Ómnibus' beneficiará particularmente a pymes y a autónomos, para quienes los costes de inicio de actividad y las cargas administrativas que soportan son proporcionalmente mayores.

Sin embargo, y ante las críticas de los nacionalistas contra la supuesta "invasión" de competencias autonómicas que implica esta reforma legislativa, el ministro de comprometió a "atender" y escuchar todas las "posiciones" y propuestas de modificación de la norma que se presenten en el trámite que se inicia hoy, lo que le ganó el apoyo de CiU y PNV para tumbar las enmiendas.

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, arremetió contra lo que considera un desaguisado legal" que modifica un gran número de leyes "haciendo el trabajo de los diputados. Asimismo, reiteró que los contenidos de la 'directiva Bolkenstein' -- a la que rebautizó como "Frankenstein"-- han sido "ampliamente contestados" por la izquierda europea porque ahondan en unas ideas económicas que fueron la base de la actual crisis.

Su compañero de grupo parlamentario y diputado de ERC Francesc Canet basó su rechazo en que la transposición de la directiva vulnera la competencia de las comunidades autónomas, y en especial las contempladas en el Estatuto catalán, en relación a los colegios profesionales.

PP: "ES INAUDITO QUE NINGÚN MINISTRO ESTÉ AQUÍ"

Cuando le llegó el turno, el portavoz adjunto de Economía del PP, Álvaro Nadal, calificó de "inaudito" que el debate sobre "la reforma estructural más ambiciosa" para el Gobierno hace meses no tuviera ningún representante del Gobierno en su defensa, ni siquiera Caamaño, que había abandonado minutos antes el hemiciclo. "Debe ser que lo que toca ahora es la Ley de Economía Sostenible", apuntó.

No obstante, expresó su rechazo a la enmienda porque aunque la directiva ha llegado "muy descafeinada" del Parlamento europeo, los 'populares' siguen compartiendo su "espíritu' y confió en reforzarla durante el trámite de enmiendas, como se hizo con la 'Ley Paraguas' remitida al Senado.

UN "CACHONDEO AL MENOS RISIBLE" PARA EL PNV

Aunque el PNV votó en contra de las enmiendas, su representante en el debate, Emilio Olabarria, denunció que la 'Ley Omnibus' provoca "47 amputaciones competenciales" y expresó su malestar por el hecho que el Estado invoque "perversamente" la igualdad entre los españoles tocar aspectos de las legislaciones autonómicas.

En este sentido, llegó a calificar de "cachondeo" el contenido de la Ley, aunque a continuación rectificó "en busca e un lenguaje más sofisticado", Así, matizó que "cuando menos, es risible".

EL PSOE NIEGA "INVASIÓN" COMPETENCIAL

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, avanzó que su formación votará en la fase de enmiendas parciales para plantear que el Gobierno pueda incorporar varias de las reformas legislativa incorporadas "dentro del diálogo social" para impulsarlo.

La diputada socialista y ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, defendió que el Gobierno ha elegido el "trámite adecuado", que han seguido muchos gobiernos autonómicos, y no afectará al proceso del diálogo social, "que seguirá adelante". Asimismo, aseguró que beneficiará a las Administraciones Públicas porque permitirá "liberar muchos recursos" y negó que haya ninguna "invasión competencial".

FIN DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA

El proyecto de ley sustituye la figura de la autorización previa que rige el acceso en numerosas actividades por meras comunicaciones de inicio de la actividad o declaraciones responsables por parte del prestador a la Administración. Por otro lado, se eliminan requisitos y otros obstáculos que restringen de forma innecesaria o desproporcionada la puesta en marcha de actividades e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo.

La polémica reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales afectará a alrededor de un millón de profesionales, que suponen un 6,1% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Las profesiones colegiadas suponen un 8,8% del PIB.

Entre las mejoras que se introducen destaca la eliminación de restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales y también se eliminan las restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto de dos o más profesiones y se suprimen trámites habituales como la obligación de comunicar el ejercicio fuera del territorio del Colegio de inscripción.

De la misma forma se suprime la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios, que vienen restringiendo de forma injustificada y habitual la competencia en precios que tanto beneficia al consumidor, si bien se admite la colaboración con la Administración de Justicia a efectos de la tasación de costas.

EFECTIVA ANTES DE FIN DE AÑO

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará un Real Decreto que establezca los visados que serán exigibles. Asimismo, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.

Para que todas estas iniciativas puedas ser una realidad efectiva antes de final de año, el Ministerio de Economía ha elevado hoy también al Consejo de Ministros un acuerdo con el desglose concreto de los Reales Decretos que deben ser modificados por cada ministerio con carácter prioritario. Además las comunidades autónomas y las entidades locales también tienen que realizar modificaciones importantes en su normativa.