MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Presupuestos del Congreso debatirá este jueves las más de 3.500 enmiendas parciales que los grupos parlamentarios han presentado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, de las cuales 130 han sido propuestas por el PP, por lo que serán aceptadas en este primer trámite.
Después de que el Pleno de la Cámara Baja rechazara la semana pasada las diez enmiendas de totalidad, llega el turno de debatir las propuestas de modificación del articulado del proyecto de ley por la Ponencia de la Comisión de Presupuestos, que mantendrá esta primera reunión a puerta cerrada.
El informe que apruebe la Ponencia, en el que previsiblemente ya estarán incluidas las enmiendas 'populares', será elevado a la Comisión de Presupuestos del Congreso que, entre los días 8 y 10 de mayo, ya en sesión pública y bajo la Presidencia del socialista Alfonso Guerra, debatirá y negociará la introducción de otras propuestas y emitirá un dictamen para su debate en el Pleno del Congreso.
DEBATE PLENARIO
Esa sesión plenaria tendrá lugar entre el 22 y el 24 de mayo, con todos los ministros defendiendo las cuentas de sus respectivos departamentos frente a las enmiendas parciales de la oposición, que serán las que no hayan sido aceptadas en Comisión y que los partidos hayan decidido mantener vigentes.
Una vez aprobado el proyecto, se enviará al Senado, donde las cuentas podrían quedar definitivamente aprobadas si la Cámara Alta no incluye ninguna enmienda ni veto. En caso de que sí se modificaran los Presupuestos, el proyecto debería volver al Pleno del Congreso, encargado de ratificar o rechazar los cambios y, en su caso, de levantar el veto.
Así las cosas, los PGE de 2012 deberían empezar a aplicarse en el mes de junio, suspendiéndose en ese momento la prórroga de las cuentas de 2011 actualmente en vigor.
ENMIENDAS PARCIALES
La mayoría absoluta del PP permitirá incluir en los Presupuestos los 130 cambios propuestos por el grupo que sostiene al Gobierno, y que pasan por medidas como incluir una subvención de un millón de euros para apoyar actuaciones que eviten el despoblamiento rural en las diputaciones de Soria y Zamora, destinar cuatro millones de euros a la financiación de un plan integral de empleo especial para Extremadura o traspasar 254.090 euros de inversiones en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en centros escolares para la concesión de ayudas a Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos.
Además, es probable que se acepten algunas propuestas de otros grupos, especialmente de CiU, en un intento por conseguir apoyos para aprobar las primeras cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, la diputada Matilde Asián, miembro de la dirección del Grupo Popular, afirmó la semana pasada que su partido está "predispuesto, desde la moderación y el diálogo, a mejorar todas las propuestas que con ánimo constructivo se formulen de acuerdo con el principio de transferir la mayor cantidad posible (de recursos) a las familias y a las empresas para garantizar el Estado de Bienestar".
Con este objetivo, los socialistas proponen anular la subida del IRPF y la amnistía fiscal y, en cambio, recaudar 3.500 millones de euros con un Impuesto de Grandes Fortunas y otros 6.000 modificando el impuesto de Sociedades, entre otras iniciativas que, no obstante, tienen menos posibilidades de salir adelante.
OTRAS PROPUESTAS
Por su parte, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) plantea un gravamen del 35% sobre los beneficios de las empresas cuya ganancia se encuentre por encima del millón de euros, recuperar el impuesto de patrimonio tal y como estaba en el año 2007, un nuevo impuesto sobre los bienes de lujo y reducir el IVA en productos de primera necesidad.
En la misma línea, UPyD pide al Gobierno que anule la amnistía fiscal, la subida del IRPF y las normas forales vasca y navarra, además de preservar ciertas partidas sociales y de gasto en educación o investigación.
Las enmiendas de CiU se fijan como objetivo conseguir que el Gobierno "cumpla los compromisos de pago con Cataluña", así como lograr crear empleo y destinar las inversiones a infraestructuras "estratégicas" y con una amplia rentabilidad; mientras que el resto de formaciones nacionalistas reclaman de forma generalizada mejoras en la financiación para sus respectivas comunidades autónomas así como conservar las asignaciones al gasto social.
