PSOE, Izquierda Plural y CiU ya han anunciado su voto en contra, al que podrían sumarse varias formaciones del Grupo Mixto como ERC y BNG
MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP intentará este jueves convencer a los grupos de la oposición en el Congreso de que apoyen los cambios que ha propuesto en la Ley de Estabilidad, que abre la puerta a los rescates autonómicos, y no den la espalda al Gobierno en una medida que permite al Estado habilitar mecanismos de financiación extraordinaria que ya han requerido regiones como Andalucía o Cataluña.
Durante el Pleno de la Cámara Baja, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defenderá los cambios propuestos por el Ejecutivo para esta norma, aprobada el pasado mes de abril. Entre otras cosas, los 'populares' pretenden que el Gobierno central pueda imponer a las comunidades condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información a quienes soliciten las ayudas, así como cualquier otra condición que se pueda determinar, incluyendo medidas extraordinarias de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit y deuda.
Además, con las modificaciones, la ley obligará a comunidades y ayuntamientos con apuros económicos a redactar planes de ajuste y calendarios de aplicación, cuyo cumplimiento condicionará el desembolso por tramos de las ayudas, y someter a las administraciones públicas a un control discrecional de la Intervención General del Estado para garantizar el reembolso de las ayudas, que no computarán como deuda del Estado.
Estos nuevos requisitos han llevado a cinco formaciones políticas --PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, ERC y BNG-- a presentar enmiendas pidiendo la devolución del texto al Gobierno, por lo que su voto en contra se da casi por descontado, con el argumento de que el Ejecutivo 'popular' busca recentralizar el Estado, intervenir de facto las comunidades e imponer condiciones más duras a quienes requieran de ayuda estatal.
ENMIENDAS PARCIALES
Tampoco ha convencido la norma al PNV que, no obstante, optará previsiblemente por la abstención como hace de forma habitual cuando se trata de temas fiscales en los que el País Vasco no se ve afectado. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) decidirá el sentido de su voto tras el propio debate, ya que de las enmiendas que el PP acepte incluir dependerá que respalden el texto o que se abstengan, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación magenta.
Entre sus enmiendas destaca la petición de que sea el Congreso el que apruebe en última instancia los rescates autonómicos y que se cree un Consejo de Estabilidad Presupuestaria con expertos independientes que se encarguen de calcular variables como el déficit estructural para que estén fuera del debate político. También piden un suelo en la inversión en servicios públicos y recursos suficientes para mantener su calidad en un nivel similar y adecuado en todas las regiones.
CiU, que mostró su rechazo a al "endurecimiento" de los requisitos que implica esta modificación normativa el mismo día que la Generalitat de Catalunya anunció que necesitará recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), también ha presentado enmiendas parciales para eliminar sus principales objeciones --como que se obligue a las regiones a "firmar un cheque en blanco" para acceder a la financiación--.
Entre otras cosas, que las variaciones que se decidan en los impuestos especiales y en el IVA no sean compensados con un reducción equivalente del fondo de suficiencia; o que los ejercicios que haya superávit presupuestario se pueda destinar ese excedente a crear un fondo de reserva para cancelación de deuda o nuevas apelaciones de crédito.
"EL GOBIERNO NO TIENE INTENCIÓN DE CAMBIAR DE OPINIÓN"
Los socialistas han optado también por la vía de las enmiendas parciales, que en la práctica reproducen íntegramente su enmienda de devolución, en línea con el rechazo que manifestaron el pasado mes de julio al decreto de creación del FLA. De hecho, esa normativa --que incluía también un paquete de recortes por valor de 65.000 millones-- salió adelante con el único apoyo del PP y la abstención de UPN.
En este sentido, fuentes del PSOE han declarado a Europa Press que no tienen confianza en que el Gobierno vaya a aceptar cambios significativos a su propuesta que pudieran permitir a los socialistas cambiar su sentido de voto. "El Gobierno tiene poca intención de cambiar de opinión. Quiere aprobar lo que ha propuesto, y le da igual lo que piense la oposición", considera un diputado del principal partido de la oposición.
Prueba de ello es, asegura, la decisión del Ejecutivo de tramitar la modificación por la vía de urgencia y con lectura única, lo que significa que todas las enmiendas parciales y totales se debatirán de forma conjunta en una única sesión plenaria y sin pasar por comisión como es habitual con los proyectos de ley.
De hecho, sólo los 'populares' respaldaron este martes en el Pleno del Congreso esa modalidad de tramitación, a la que se opusieron todos los partidos excepto el PNV, en línea con su postura habitual en temas fiscales.
PRIMAR LOS SERVICIOS A LA DEUDA
Las enmiendas de IU-ICV-CHA muestran un rechazo de la coalición a dar una prioridad "absoluta" al pago de la deuda frente a otros compromisos presupuestarios como los servicios públicos, y reclaman que se rebajen ciertas condiciones de información para no "vulnerar" la autonomía financiera de las comunidades ni cometer "abuso de poder".
El BNG, por su parte, propone suprimir la posibilidad de establecer condiciones de forma discrecional, mientras que CC-NC sugiere precisar que esas condiciones se acepten sólo si tienen que ver con la consecución de los objetivos de estabilidad. Los nacionalistas canarios también piden que el Estado esté obligado a comprar títulos autonómicos que lleven más de una semana sin demanda a un precio no inferior en más de un 5% al de su última cotización.
LARGO DESARROLLO NORMATIVO
La modificación de la Ley de Estabilidad que se debatirá y aprobará en el Pleno de este jueves es imprescindible para poder abrir la puerta a los rescates autonómicos y al apoyo estatal a la financiación de las comunidades en un momento de grandes dificultades para acceder a los mercados financieros por su cuenta.
El decreto de recortes de julio incluía ya la creación del Fondo de Liquidez, opción elegida finalmente por el Gobierno en detrimento de los hispanobonos que se barajaron inicialmente. Según Montoro, el FLA estará operativo a finales de septiembre o principios de octubre y tendrá como exigencia para sus receptores cumplir los objetivos de déficit fijados anualmente, lo que en la práctica podría conllevar nuevos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, que son las principales competencias autonómicas.
Sin embargo, la normativa de Estabilidad Presupuestaria fue aprobada en abril con el voto a favor de PP, Foro Asturias (FAC), UPN y UPyD, así como de los nacionalistas de CiU que, por contra, se opondrán a ir un paso más allá en las exigencias a las comunidades.
Similar camino recorrió ya entonces el PSOE que, tras largas negociaciones con el Gobierno, votó en contra de una norma que desarrollaba la reforma Constitucional que había pactado en verano de 2011 con el PP, entonces en la oposición. Así, si en abril la Ley cosechó menos respaldos parlamentarios que la reforma de la Carta Magna, es previsible que su modificación sea respalda aún por menos diputados.
