MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC han expresado este jueves su rechazo al proyecto de ley de Control de la Deuda Comercial, que a su entender va en contra de los servicios públicos y de las comunidades autónomas y ayuntamientos, al establecer medidas coercitivas automáticas ante incumplimientos del pago de las facturas con los proveedores en un plazo máximo de 30 días por parte de las administraciones territoriales.
Durante el debate en el Pleno del Congreso de las enmiendas de totalidad contra la norma que han presentado el PSOE, CiU y ERC, el portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha reiterado su respaldo a la estabilidad presupuestaria y a que todas las administraciones paguen sus deudas.
Sin embargo, cree que el proyecto de ley "retrata" a un Gobierno que ve en las comunidades, el sector público y el Estado del Bienestar "a los malos de la película" y por eso los ahoga financieramente para acabar con ellos a través de leyes como ésta o con el reparto de los objetivos de déficit.
"Lo difícil es reformar, lo fácil es recortar, que es por lo que ha optado el Gobierno", ha dicho, preguntándose además por qué en el proyecto no se incluye ningún objetivo de pago de las deudas pendientes con los ciudadanos más allá de los proveedores ni tampoco se han fijado objetivos para el Gobierno central, que "a año cerrado ha doblado lo que tarda en pagar", habiendo pasado de 39 a 60 días.
Por eso, el diputado murciano ha instado al Gobierno a hacer que todas las administraciones públicas "trabajen coordinadamente" para pagar en plazo a la par que se financia el Estado del Bienestar y ha recordado que hace falta una Autoridad fiscal "verdaderamente independiente" y "un marco de estabilidad que permita" que leyes "necesarias" como ésta puedan funcionar.
REDUCE LA AUTONOMÍA DE COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS
Toni Picó (CiU) rechaza el proyecto porque "genera más burocracia, ignorando el principio de eficacia, eficiencia y simplificación administrativa", y además "reduce la autonomía" de comunidades y ayuntamientos. "Además, ni es un instrumento fácil ni comprensible para las administraciones o los ciudadanos, e introduce automatismos en las medidas coercitivas que impiden tener en cuenta las condiciones o especificidades de cada comunidad", ha añadido.
Por ello, aun compartiendo "el compromiso con la estabilidad presupuestaria y contra la morosidad de las administraciones a los proveedores, al ocasionar retrasos que se van extendiendo por la cadena del tejido económico", los nacionalistas catalanes creen que esta ley no es "eficaz" para conseguir que se cumplan los periodos máximos de pago.
Finalmente, se pregunta por qué un mecanismo que se presenta como positivo por el Ejecutivo no se aplica también a la Administración central y propone que se afronte este problema con "medidas racionales de apoyo al plan de Tesorería" pero no "a base de automatismos" de las medidas coercitivas.
CONTRA EL ESTADO DEL BIENESTAR
El diputado de ERC Joan Tardà ha criticado que este proyecto de ley imponga medidas de control de la deuda a las administraciones territoriales, superando así las competencias del Ejecutivo central que, en su lugar, debería "afrontar el origen de esa falta de recursos" de comunidades y ayuntamientos para poder pagar sus facturas: "la centrifugación del déficit, el expolio fiscal y la falta de lealtad institucional".
"Esta situación les va muy bien para ahogar económicamente a quien les interesa. Se equivocan, porque no tiene nada que ver la ideología política con la necesidad de que las instituciones sean diligentes y atiendan a sus obligaciones", ha añadido, avisando de que este paso más en la política de disciplina financiera que comenzó con la reforma de la Constitución está causando graves daños en el Estado del Bienestar y los servicios públicos.
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), coincide en que hay que encontrar una solución al problema de la deuda comercial, pero "no todo vale" ni se "puede poner en peligro el mantenimiento de los servicios públicos, salvo que ése sea el propósito" del PP, algo de lo que no duda.
"Hay una alternativa clara: para que los ayuntamientos y las comunidades puedan pagar a los proveedores hacen falta más ingresos, que no llegarán si el Gobierno prosigue con sus políticas económicas de austeridad y recorte que deprimen la demanda interna y ahogan la capacidad fiscal", ha añadido, avanzando su voto a favor de las enmiendas.
QUITAR LOS ESCOMBROS PARA PONER LOS CIMIENTOS
Sin embargo, la portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, sostiene que la ley se inscribe en un "ambicioso" plan de reformas contra la morosidad para que "las deudas de hoy no las tengan que pagar nuestros hijos mañana". "Es una ley buena para España", ha insistido, subrayando la importancia de que "la situación que encontró el PP al llegar al Gobierno no puede volver a repetirse".
"Una vez quitados los escombros es necesario poner los cimientos para poder construir el edificio. Y las medidas de este Gobierno han permitido pasar de una España quebrada a una España esperanzada, donde al fin podemos leer noticias que invitan a la esperanza", ha añadido la diputada.
Por eso, éste es el momento de tomar decisiones para "acabar con la cultura de las facturas en los cajones", que es lo que a su juicio perjudica realmente a los servicios públicos y pone en duda el futuro del Estado del Bienestar.
"Las administraciones derrochaban y gastaban más de lo que podían pagar porque según la filosofía socialista el dinero público no es de nadie. A ustedes se les llena mucho la boca hablando del Estado del Bienestar pero luego les gusta que las facturas las paguen los que vienen detrás, el que llegue el último", ha reprochado.
VENTANILLA ÚNICA DE RECLAMACIONES
Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha lamentado "los años perdidos" para haber adoptado unas propuestas que su formación "lleva años proponiendo", como son retener recursos a los morosos o que el Estado pague en último término las facturas pendientes.
No obstante, ha propuesto un mecanismo "más sencillo" para que cualquier proveedor pueda reclamar el cobro de una factura no pagada en el plazo legal a través de una ventanilla única, detrayendo el dinero de la administración morosa. Esto permitiría aflorar todas las facturas, evitar situaciones excepcionales y garantizar que el plazo sea 30 días y no de 60 como, a su entender, sucederá en el mejor de los casos con la nueva ley.
