MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Consumo incluirá una regulación común del consumidor vulnerable en su reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y su extensión a sectores como la vivienda, las telecomunicaciones o la alimentación.
Y es que, según informan desde el Ministerio que dirige Alberto Garzón, únicamente el sector energético y el financiero consideran las características sociales, el poder adquisitivo y la vulnerabilidad social como criterios en sus relaciones.
El objetivo de este Ministerio es crear un marco regulatorio común para más sectores con el fin de avanzar en "la obligación de los poderes públicos de garantizar la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas".
Consumo plantea modificar el tercer artículo de la mencionada Ley de Defensa del Consumidor para incluir una definición de 'persona consumidora vulnerable', que suponga un marco general y ataje reglamentariamente situaciones concretas de vulnerabilidad.
Una tarea en la que, según informa, trabaja en un grupo de coordinación interministerial para abordar esta norma desde una perspectiva integral. Por el momento, Consumo ha abierto un período de consulta público en el que la sociedad civil y asociaciones en defensa de los derechos de consumidores puedan hacer sus aportaciones.
En esta reforma se incluirá la ya anunciada prohibición de los números telefónicos 902 para los servicios de atención al cliente.
AGRADECE LA DISPOSICIÓN DE LA CNMC PARA VIGILAR ABUSOS
Por otro lado, durante su intervención en la presentación de las novedades del comparador de precios de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el ministro Alberto Garzón ha agradecido al regulador su "disposición plena" para vigilar posibles abusos de precios durante la pandemia de Covid-19.
Junto a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, Garzón ha reconocido esta labor, que ha facilitado al Goierno "diagnosticar" cualquier abuso en los mercados. "Ha habido disposición plena que tengo que reconocer y agradecer", ha incidido el ministro, que considera que existe "una línea de trabajo común" y "líneas coincidentes" en el trabajo que desarrolla, por un lado el Ministerio que dirige, y por otro lado el regulador de los mercados.
MEJORAR LA LEGISLACIÓN PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN
Por otro lado, Garzón ha destacado el papel que ha venido jugando la Administración en torno a la protección de los consumidores, poniendo el foco en la figura del consumidor vulnerable, con el fin de dirigir estas políticas sociales.
Según ha explicado, durante la pandemia estas políticas se han aprobado de forma 'ad hoc', pero el Gobierno trabaja con el objetivo de "mejorar la legislación para que se pueda legislar en torno a la protección de las familias trabajadoras de manera estructural".
El titular de Consumo ha destacado cómo uno de cada tres hogares no cuentan con capacidad para afrontar gastos imprevistos, uno de cada cuatro hogares está en riesgo de pobreza y exclusión social y casi la mitad de hogares monoparentales con menores a cargo, el 47%, está en riesgo de pobreza o exclusión.
En total, según los datos de la CNMC correspondientes al mes de julio, los beneficiarios del bono social suman un total de 1.308.345 consumidores, de los cuales 677.309 son reconocidos como consumidores vulnerables y tienen un descuento del 25% en la factura de electricidad; 624.688 consumidores son consumidores vulnerables severos (descuento del 40% en la factura); y 6.348 consumidores son consumidores en riesgo de exclusión social y, por ello, no pagan factura de electricidad.
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