PSOE, IU-ICV y Compromís se unen para pedir mañana revertir los recortes en la SEPI

Actualizado 22/10/2015 18:54:43 CET

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso se pronunciará este martes sobre las políticas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aplicado esta legislatura en relación con las empresas públicas que dependen de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y que el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Compromís-Equo rechazan en una iniciativa conjunta con la que piden revertir los recortes.

El texto, que recoge Europa Press, fue presentado el pasado verano a instancias de los sindicatos UGT y CC.OO., que alertan de la situación del personal de empresas como Navantia, Hunosa o Enresa, donde la política de congelación de las promociones internas y de no reposición de bajas está causando una "preocupante descapitalización" además de un "preocupante envejecimiento" de las plantillas.

Los firmantes de la iniciativa cree que esto, sumado a las congelaciones salariales, puede acabar "comprometiendo la capacidad de acceder a oportunidades de negocio" por parte de las sociedades mercantiles públicas, que compiten en su mayoría en mercados liberalizados y muy competitivos.

Además, alertan de que la "ralentización y, en algunos casos, paralización" de las inversiones también está afectando a la competitividad de las empresas, lo que en el medio y largo plazo podría incluso comprometer la "propia viabilidad futura y supervivencia" de algunas de ellas.

EMPRESAS ESTRATÉGICAS

"Estas empresas públicas son estratégicas para el país y son de vital importancia en sus respectivas zonas de enclave", se subraya en la iniciativa, que también alerta del "creciente malestar socio-laboral" y el "aumento de la conflictividad laboral" que está causando la falta de respeto hacia los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva con las empresas.

Por todo ello, las tres formaciones políticas reclaman que se garantice la "estabilidad y eficiencia" de las empresas SEPI reforzando sus estructuras organizativas, mejorando su gestión y tomando decisiones estratégicas en materia de inversiones, competitividad tecnológica, tamaño de la plantilla o condiciones laborales para "garantizar su continuidad".

Además, piden al Gobierno que potencie el papel que juegan estas sociedades mercantiles, que restituya su seguridad jurídica en la aplicación de la normativa del sector público y que facilite el "ineludible relevo generacional" sin disminuir el número de empleados y evitando la "fuerte descualificación" o la bajada de salarios.

La proposición no de ley también plantea la necesidad de velar por la seguridad y prevención de riesgos laborales en este ámbito, poner en marcha la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva en las Empresas públicas para "evitar la actual indefensión y merma de garantías jurídicas generadas en la parte social" y habilitar a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda a usar criterios de actuación "más racionales".

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