RSC.- La empresa Maggi extiende sus cultivos de soja a costa de las sabanas y selvas del Amazonas brasileño

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las plantaciones de soja están invadiendo las sabanas y selvas tropicales del Amazonas en el Estado del Mato Grosso (centro-oeste de Brasil) y otros Estados adyacentes a causa del aumento de la demanda de este cultivo como alimento para el ganado en Europa y Asia y, sobre todo, de los apoyos políticos y financieros con que cuenta la principal empresa productora privada de soja del mundo, el Grupo Maggi, cuyo propietario, Blairo Maggi, 'O Rei da Soja', es precisamente el gobernador de Mato Grosso, según denuncia la organización estadounidense Corporate Watch.

Tras la crisis creada por la Encefalopatía Espongiforme Bovina (conocida como el mal de las 'vacas locas'), los productores de soja se han beneficiado de la imagen de este cultivo, al que se asocia con la dieta ecológica y vegetariana, y del aumento de su demanda en países en los que abunda la carne de vaca alimentada precisamente con soja.

Este es uno de los factores que han permitido a la empresa André Maggi Group liderar, con el apoyo del Gobierno brasileño, la extensión de la soja en Mato Grosso y en los Estados adyacentes durante las dos últimas décadas. La selva y la sabana amazónicas, consideradas "el pulmón del mundo", conforman los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta.

"La soja es, en estos momentos, directa e indirectamente, el principal factor de desforestación", afirma el experto ambiental Jan Maarten Dros, de WWF, citado en el informe de CorpWatch. "Directamente, porque el 'cerrado' (en alusión a la selva) está cediendo su vegetación natural a los campos de soja; indirectamente, porque en esta región muchas granjas de ganado han sido sustituidas por granjeros de soja, ya sea por la compra o por el alquiler de la tierra procedente de los ganaderos", añade.

Como resultado de ello, tal como revela un estudio elaborado por el propio Dros para WWF en 2003 sobre el impacto de los cultivos de soja, "los agricultores de ganado tienden a avanzar en nuevas áreas forestales, lo que causa aún más desforestación", afirma Dros.

'O REI DA SOJA'

Se da la circunstancia de que el gobernador del Estado de Mato Grosso se llama Blairo Maggi, quien es precisamente el propietario del grupo Maggi y a quien se conoce como 'O Rei da Soja'. Esta multinacional es el productor de soja privado más importante del mundo.

Este año, la empresa recaudó 600 millones de dólares brutos (450 millones de euros) en ventas, principalmente gracias a la producción, el comercio y el procesamiento de más de dos millones de toneladas de la soja, la mayor parte de ellas destinadas a la ganadería en Europa y Asia. Maggi también ha sido clave en el establecimiento de la infraestructura de transporte que introduce profundamente en el Amazonas tanto el desarrollo como la deforestación.

En 2003, el primer año en que Blairo Maggi fue gobernador, la tasa de desforestación en el Mato Grosso duplicó la de años anteriores. Ese mismo año, después de que el 'New York Times' advirtiese de que la destrucción del Amazonas había aumentado en dos quintas partes, Blairo Maggi respondió: "Para mí, un aumento del 40% de la desforestación no significa nada en absoluto y no tengo el menor sentimiento de culpa. Estamos hablando de un área más grande que Europa que apenas ha sido tocada, así que no hay nada en absoluto por lo que preocuparse".

PRESTAMOS DEL BANCO MUNDIAL

Según CorpWatch, a pesar de la fragilidad del ecosistema de la zona y de las controversias creadas por la extensión de la soja, el gigante de la agroindustria no ha tenido problemas para conseguir financiación de la banca privada en Europa y Japón e incluso de instituciones públicas, como la Corporación Financiera Internacional (IFC), la sección para préstamos privados del Banco Mundial (BM).

Desde 2002, la división de producción de soja del Grupo de Maggi, Amaggi Exportação e Importação Limitada, obtuvo 30 millones de dólares (unos 22,5 millones de euros) mediante dos préstamos de la IFC, uno concedido ese mismo año y el segundo el pasado mes de septiembre.

No obstante, a causa de la presión de las ONG brasileñas y extranjeras, el presidente de Banco mundial, James Wolfensohn, se ha visto obligado a pedir una auditoría a la IFC sobre el préstamo concedido este año a Amaggi. En una carta a las organizaciones brasileñas, Wolfensohn aseguró que "la revisión de cuentas permitirá un estudio independiente de esta cuestión, cuyos resultados serán hechos públicos".

Según la directora del Departamento de Desarrollo Ambiental y Social de la IFC, Rachel Kyte, la Corporación clasificó los dos préstamos dentro de la Categoría B, que define a las actividades que generan "un número limitado de impactos medioambientales o sociales que pueden ser evitados o mitigados".

No obstante, esta clasificación podría ser revisada con la auditoría ordenada por James Wolfensohn. Las ONG afirman que el préstamo debería haber sido clasificado dentro de la Categoría A, que define las actividades que "pueden tener impactos ambientales significativos adversos, delicados, diversos o sin precedentes".

"Si se hubieran tenido en cuenta dos meses antes los argumentos de la sociedad civil no habría sido necesaria esta auditoría", declaró el director de Amigos de la Tierra la Amazonía, Roberto Smeraldi, en su respuesta al presidente del Banco Mundial.

LOS PRESTAMOS Y LOS AGRICULTORES

El préstamo concedido por la IFC aporta a Amaggi capital suficiente tanto para ampliar su capacidad de almacenaje de productos de soja como para conceder préstamos anticipados a los 900 medianos agricultores que cultivan este producto en Mato Grosso y en los Estados de Rondonia, a los que Amaggi compra la mayoría de la soja que vende.

Estos agricultores arrendatarios suelen carecer de suficiente capital para sus producciones y se ven obligados a devolver a Amaggi las cantidades adelantadas para la financiación de sus cultivos. El Gobierno brasileño sólo les proporciona préstamos a una muy alta tasa de interés. A cambio de estos préstamos de la empresa, los agricultores firman contratos que les obligan a vender su producto exclusivamente a Amaggi con unas condiciones impuestas por la propia compañía.