RSC.- Un partido argentino propone una declaración parlamentaria contra el juicio que Benetton ganó a los mapuches

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El partido argentino Autodeterminación y Libertad ha presentado esta semana en el Parlamento nacional un proyecto de declaración contra Benetton y la filial local Compañía de Tierras Sud Argentino, en el caso del "escandaloso" fallo de la justicia del pasado mayo contra la familia mapuche que reclamaba la propiedad de una finca en la Patagonia.

El proyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, expresa un "profundo rechazo" al fallo emitido el 31 de mayo por el juez de Esquel, Jorge Eyo, quien reconoció la validez de un título de propiedad de 1886 presentado por la Compañía de Tierras y ordenó la restitución definitiva de las 500 hectáreas disputadas con el matrimonio formado por Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir.

El caso se remonta a agosto de 2002, cuando el matrimonio, tras consultar con el Instituto Autárquico de Colonización (IAC), se instaló en unos terrenos desocupados en la región del noroeste de Chubut, en el paraje conocido como Leleque, donde construyeron una vivienda e iniciaron una actividad productiva. Fueron desalojados por la fuerza, tras la denuncia de la Compañía de Tierras, en octubre de ese mismo año.

El proyecto, firmado por los diputados nacionales Carlos Tinnirello, Luis Zamora y Marta DeBrasi y presentado el pasado lunes, señala que la sentencia "desconoció los derechos a su tierra invocados por la familia mapuche" sobre el llamado 'predio de Santa Rosa', "un terreno fiscal que habitaron sus ancestros", y que los Curiñanco ocuparon tras presentar una solicitud ante el IAC, que nunca se pronunció, ni a favor ni en contra.

Los diputados recuerdan que el primer magistrado encargado del caso, que ordenó el desalojo, fue destituido posteriormente por prevaricación en un caso similar. El cuanto al juez Eyo, le acusan de haber aceptado documentos "dudosos" por parte de la empresa "fantasma" propiedad de la familia Benetton.

"Se pretendió probar con una fotocopia borrosa basada en una donación de unas 900.000 hectáreas otorgada por el entonces presidente Uriburu en 1896 a diez ciudadanos ingleses en fracciones de unas 90.000 hectáreas cada una", una quinta parte de la provincia de Chubut, hecho que, según estos diputados, violó las leyes de la época que impedían semejantes concentraciones de terrenos en personas individuales. Así, apuntan que estos títulos son "ilegítimos".

En todo caso, según este proyecto parlamentario, durante el juicio tampoco se acreditó que la Compañía de Tierra estuviera inscrita en la Inspección (el Registro) de Personas Jurídicas ni en la Inspección General de Justicia, ni tampoco se presentaron documentos de medición concreta de las tierras en disputa "para certificar que lo que está dentro de la alambrada es igual a lo que está en el título".

"ESPECULACION Y CORRUPCION"

"Esta expulsión de la familia mapuche de la tierra de sus ancestros merece el más grande de los repudios y lo descrito despierta una profunda indignación", dado que supone la continuación de "la colonización europea" que se realizó "a partir del extermino de más de cincuenta millones de habitantes originarios". Este "saqueo", denuncian, fue el que "abrió paso al latifundio, la especulación y la corrupción".

En su proyecto, Autodeterminación y Libertad recuerda también que organizaciones como la Asociación de Abogados de Buenos Aires han condenado la sentencia del juez Eyo y que el Parlamento debería "cumplir con su obligación y ejercitar sus facultades para hacer expreso y operativo el reconocimiento" de la "preexistencia étnica y cultural" del pueblo mapuche.

La familia Benetton es el mayor terrateniente de Argentina, con 900.000 hectáreas (9.000 kilómetros cuadrados, superficie superior a la Comunidad de Madrid), un 9% de las tierras cultivables de la Patagonia. Los rebaños de Benetton, en total 280.000 ovejas, producen unas 6.000 toneladas de lana al año, el 10% de lo que necesita la multinacional textil, la principal consumidora de lana virgen del mundo.

Los mapuches se amparaban en el artículo 75 de la Constitución argentina, que reconoce el derecho de los pobladores originarios a la tierra, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre esta misma cuestión.

A finales de 2003, la organización no gubernamental estadounidense Corporate Watch, especializada en ética empresarial, acusó a la Compañía de Tierras de llevar a cabo una "nueva conquista" de las tierras de los indígenas mapuche en la Patagonia.