RSC.- Responsables de Repsol y Termigás se culpan mutuamente de la explosión en la que murió un niño en Simancas

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ex técnicos de la empresa Termigás José María F.M. y Esteban B.S. y el que fuera jefe de Seguridad de Repsol Butano, Santiago A.O., imputados por un delito de homicidio imprudente como consecuencia de la explosión de gas ocurrida en septiembre de 1997 en la urbanización 'El Pichón' de Simancas (Valladolid), eludieron cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido y se limitaron a atribuirse unos a otros la competencia del mantenimiento, nunca efectuado, de la acometida individual del chalé siniestrado en el que murió un niño de 11 años.

Durante el juicio iniciado hoy en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, los tres acusados fueron interrogados durante varias horas sobre la sustitución de la red general de canalización de gas que se llevó a cabo en la urbanización tras una primera explosión registrada en octubre de 1989, en aquella ocasión sin daños personales. Se abordó, concretamente, si la reposición de tal infraestructura englobaba igualmente a las acometidas particulares existentes en cada chalé o, por el contrario, dejaban a éstas fuera del proyecto.

La empresa Termigás, a la que Repsol Butano encargó los trabajos, centró finalmente las obras en la red general y sustituyó las antiguas tuberías de acero, sujetas a posibles corrosiones, por otras de cobre que eliminaban el riesgo de deterioro. Por el contrario, los tramos de canalización individual entre la arqueta del muro exterior que discurrían soterrados por el jardín hasta cada vivienda no fueron sustituidos y quedaron sin la salvaguarda de protección catódica capaz de evitar su corrosión.

Sin embargo, el perito industrial de Termigás que dirigió la obra de reposición, José María F.M., insistió una y otra vez en que el proyecto que le encomendó Repsol Butano se ceñía exclusivamente a la sustitución de la red general, en ningún caso de las acometidas individuales de cada chalé, y precisó que dio parte tanto a la empresa suministradora como a la Junta del riesgo que entrañaba la coexistencia de tubos de cobre y de acero en la instalación.

"Me limité a hacer el trabajo encomendado", alegó el acusado, quien, no obstante, precisó que junto al proyecto inicial elaboró un segundo anexo en el que especificó a Repsol que las acometidas particulares debían ser también de cobre e incluso adjuntó unos planos y un croquis de cómo tenía que hacerse la sustitución.

"NO SE CUMPLIA CON LA NORMATIVA"

El director de la obra de reposición de la red de gas llegó a decir que era plenamente consciente de que "no se cumplía la normativa" al coexistir tramos de materiales distintos y que ello entrañaba un riesgo, con lo que, en su opinión, "no se debería de haber dado el gas hasta que todas las acometidas individuales estuvieran conformes" mediante su sustitución por otras de cobre.

El acusado declaró también que Repsol Butano tenía que haber ejercido el papel de coordinador de estos últimos trabajos subcontratando los mismos a otras empresas instaladoras".

El otro técnico de Termigás imputado, Esteban B.S., explicó que cuando él llegó a la empresa, en marzo de 1990, el proyecto ya estaba prácticamente concluido y que no tuvo ninguna relación con el mismo.

Carente de experiencia puesto que procedía de la empresa de cartonajes Cartisa, el acusado insistió en que nada tuvo que ver con el proyecto inicial y que sólo a partir de 1995, tras salir de Termigás y fundar por su cuenta Pentagás, tuvo una relación más directa con la urbanización 'El Pichón' al serle encomendado por Repsol el mantenimiento de la red general.

No obstante, Esteban B.S. precisó que dicho contrato se centraba únicamente en el mantenimiento preventivo de la red general, no así de las acometidas privadas, competencia que creía que correspondía a Repsol Butano. De esta forma, siete conducciones que no fueron sustituidas por cobre, una de ellas la de la parcela 54 donde se produjo la deflagración, permanecieron durante años sin ser objeto de inspección alguna pese al riesgo que entrañaban.

3.000 ACOMETIDAS SIN PROTECCIÓN

En el transcurso de su interrogatorio, y a preguntas de si era consciente del riesgo de la situación, el responsable de Pentagás llegó a desvelar que en la actualidad el número de acometidas de gas, en acero y sin protección contra la corrosión, que existe en Valladolid se eleva a un total de 3.000, lo que suscitó la sorpresa de todas las partes y hasta de la juez.

Frente a lo declarado por los dos acusados anteriores, el también imputado Santiago A.O., entonces jefe de Seguridad de Repsol, alegó en su descargo que los trabajos de mantenimiento de la red encomendados primero a Termigás y luego a Pentagás incluían las acometidas individuales y aseguró que desconocía que siete de ellas conservaran el acero originario.

"No se me pasa por la cabeza que si a una empresa le encargas el mantenimiento de una urbanización se niegue a revisar 10 metros de tramo individual. Si hubiera habido alguna duda, lo lógico hubiera sido que nos hubiera consultado", apuntó Santiago A.O., que también explicó que su función en Repsol, a la que llegó de una empresa de embases de Hernani, se limitaba al asesoramiento en materia de seguridad y a formar parte del 'staff'.

Sus aclaraciones llevaron a la juez a preguntar al interrogado, en tono irónico, si la política de seguridad de Repsol se limitaba únicamente a un mero "programa informático". El juicio proseguirá hasta el próximo miércoles con el interrogatorio de más testigos --hoy también declaró Belinda Sánchez, madre del niño fallecido-- y peritos, cuyo testimonio será clave para determinar la responsabilidad de los tres imputados.

PENAS SOLICITADAS

La acusación pública solicita inicialmente para cada uno de los imputados un total de dos años de cárcel, diez fines de semana de arresto, cinco meses de multa y el pago, como responsables civiles directos, de indemnizaciones por importe cercano a los 65.000 euros para casi medio centenar de vecinos de la urbanización por los daños y perjuicios sufridos en sus viviendas.

La responsabilidad civil subsidiaria recaería, según la Fiscalía, en Repsol Butano, la compañía aseguradora Mussini y Termigás, que tendrían que hacerse cargo de las indemnizaciones de forma solidaria.

Por su parte, las acusaciones particulares coinciden con la Fiscalía en las peticiones de pena pero, a mayores, una de ellas solicita para el responsable de Repsol otros 6 meses de cárcel e inhabilitación especial por tres años por otro delito riesgo por infracción de normas de seguridad, al tiempo que elevan el conjunto de las indemnizaciones a 1.120.000 euros (unos 186 millones de pesetas).

El caso parecía haber quedado prácticamente finiquitado después de que la familia Gallego llegara a un acuerdo por el que Repsol pagó una indemnización de 960.000 euros (160 millones de pesetas) en concepto de resarcimiento por la muerte del niño, las graves lesiones sufridas por la madre, los daños morales y la destrucción del chalé, que tuvo que ser demolido.