RSC- Sólo cuatro empresas españolas y un Ayuntamiento disponen de la certificación SA 8000 sobre responsabilidad laboral

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sólo cuatro empresas españolas y un Ayuntamiento han conseguido hasta la fecha la certificación internacional SA 8000 sobre responsabilidad laboral, que reconoce el cumplimiento de los requisitos de las convenciones de Naciones Unidas en materias como libertad de asociación, retribución justa, no discriminación o trabajo infantil.

Las cuatro empresas certificadas en España con la SA 8000 son el Grupo Eroski, TQ Tecnol (Tarragona, fabricación y distribución de químicos para la industria), Ramel SA (Barcelona, limpieza industrial) y Fitman SA (Barcelona, transporte).

También ha sido reconocido con la SA 8000 el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Según informaron a Europa Press fuentes de la consultora Bureau Veritas, una quinta empresa está gestionando la concesión del certificado.

En total son 310 las entidades certificadas con la SA 8000 en 38 países de todo el mundo, según informa la Agencia del Consejo de Acreditación de Prioridades Económicas (CEPAA), que creó esta norma en 1997. La organización Social Accountability International (SAI), con sede en Nueva York, se encarga del mantenimiento de la norma.

El país con más certificaciones es Italia, con un total de 66. Por regiones, los países asiáticos son los que cuentan con un mayor número, como es el caso de China (46), India (32) o Vietnam (24), a las que se une Brasil a la cabeza de la lista, con 40.

En Europa, con excepción de Italia, la SA 8000 está menos implantada: cinco certificaciones en Francia y Polonia, cuatro en Grecia y tres en Reino Unido. Estados Unidos sólo cuenta con dos.

La norma Social Accountability 8000 se basa en la Declaración de los Derechos Humanos, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la Convención de la ONU contra la Discriminación de la Mujer.

Así, se exigen a las entidades candidatas que cumplan requisitos en materia de trabajo infantil o forzoso, condiciones de salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a convenios colectivos, discriminación y acoso, castigos corporales, abusos verbales o coacción, horarios de trabajo, retribución e implantación de un sistema de gestión de la responsabilidad social.