Alianza por el Turismo defiende obligar a identificar alojamientos turísticos

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Alianza por el Turismo, Carmen Ayala, ha defendido en la Asamblea Regional que la futura ley de bienes de interés turístico debe servir para combatir la oferta irregular, obligando a incluir el número de registro turístico en las comunicaciones comerciales de alojamientos, incluidas las plataformas digitales.

Ayala ha comparecido ante la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, dentro de las audiencias legislativas del Proyecto de Ley por el que se regulan los bienes de interés turístico de la Región de Murcia y se modifica la Ley 12/2013, de Turismo.

Durante su intervención, ha considerado que esta medida supone "un paso decisivo para luchar contra la competencia desleal y la oferta irregular".

La representante del sector ha señalado que quienes cumplen la normativa, invierten, generan empleo, pagan impuestos y mantienen estándares de calidad y seguridad "no pueden competir en desigualdad de condiciones" frente a quienes operan al margen de las reglas. En este sentido, ha defendido que combatir la economía sumergida es una obligación empresarial, turística y de protección al consumidor.

Ayala también ha valorado que el texto refuerce las exigencias relativas al cumplimiento de las normas de prevención y extinción de incendios en establecimientos turísticos, al considerar que "la seguridad debe ser siempre un principio irrenunciable en cualquier política turística moderna y responsable".

Junto a este aspecto, la presidenta de Alianza por el Turismo ha respaldado la creación de la figura de los bienes de interés turístico, al entender que permitirá ampliar el reconocimiento más allá de las fiestas de interés turístico regional. Ha explicado que la Región cuenta con patrimonio histórico, cultura, gastronomía, espacios naturales, turismo religioso y manifestaciones tradicionales capaces de atraer visitantes durante todo el año.

A su juicio, la norma debe ayudar a romper la estacionalidad y a convertir esos recursos en "focos de atracción de visitantes". "Cuando un municipio gana notoriedad, ganan también los alojamientos, el comercio, la hostelería, la artesanía y las empresas", ha afirmado.

Ayala ha destacado que la futura declaración no debe ser solo un reconocimiento simbólico, sino "una herramienta de promoción, comercialización, posicionamiento y dinamización económica". También ha advertido de que el valor de la figura dependerá del rigor con el que se conceda y se mantenga.

"El prestigio de una declaración institucional no está en el número de bienes de interés turístico, sino en el rigor con el que se conceda", ha señalado.

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista Manuel Sevilla ha coincidido en la necesidad de reforzar la inspección contra la oferta irregular. También ha planteado si la ley debería incorporar financiación para que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, puedan mantener los bienes reconocidos.

Desde Vox, Ignacio Arcas ha preguntado por la utilidad real de la norma si no va acompañada de promoción. "No conocemos a nadie que viaje mirando los boletines oficiales", ha indicado, reclamando que las declaraciones tengan difusión efectiva y dotación suficiente.

Por parte del Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez-Castellanos, ha mostrado una posición escéptica con la ley. Ha reconocido el "potencial extraordinario" del patrimonio cultural regional, pero ha cuestionado que los presupuestos acompañen ese objetivo con inversiones suficientes en conservación, puesta en valor y promoción.

La diputada del PP Mari Ángeles Román ha defendido que la norma busca "dar estructura, reconocimiento y herramientas" a recursos turísticos que ya tienen valor, pero que no estaban suficientemente identificados ni proyectados.

Además, ha destacado que la Región cerró 2025 con "el mejor año de su historia" en hoteles, con más de 1,5 millones de viajeros y más de 3,5 millones de pernoctaciones.

En su respuesta, Ayala ha insistido en que la ley puede beneficiar especialmente a los municipios pequeños, aunque ha reconocido que necesitarán apoyo para adaptarse y presentar sus recursos. También ha defendido que limitar las solicitudes por municipio puede evitar que se "magnifique" el uso del sello y preservar su calidad.

La presidenta de Alianza por el Turismo ha concluido que la norma será útil si logra traducirse en demanda, imagen de marca, comercialización y mejora del patrimonio turístico regional.