(Ampl) Vodafone pide a Competencia que sea "implacable" para evitar abuso de Telefónica tras compra de Canal+

Antonio Coimbra, consejero delegado Vodafone España
EUROPA PRESS
Actualizado: domingo, 5 julio 2015 23:37

Coimbra advierte de la pérdida de valor del sector de telecomunicaciones y de la "obsesión" de los reguladores por el "cuanto más mejor"

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha alertado este martes de que la potencial compra de Canal+ por parte de Telefónica podría provocar un "abuso de posición dominante" de esta compañía y ha instado a los organismo de competencia a ser "implacables" a la hora de analizar esta operación para evitar el riesgo que supondría esta situación en la competencia.

En este sentido, el directivo ha explicado que una vez que se integre Canal+ en Telefónica la cuota de mercado en televisión de pago por ingresos de su rival será de casi un 82%, mientras que en términos de clientes el grupo español dirigido por Luis Miguel Gilperez pasará a tener dos tercios del mercado.

Coimbra ha indicado que esta situación provoca que Telefónica tenga una "exclusividad de contenidos" que le permite ofrecer paquetes convergentes de telefonía fija, móvil y televisión, que podría suponer un riesgo para la competencia debido a la imposibilidad de sus rivales a la hora de replicar estos contenidos.

"Este operador tiene la posibilidad de negociar contenidos premium y llevar a cabo ofertas convergentes con estos contenidos. Es importante que el regulador de competencia sea implacable en la forma de analizar este mercado", ha asegurado el directivo durante su intervención en el 28 Encuentro de Telecomunicaciones.

De esta forma, el directivo ha pedido al regulador a poner condiciones a la adquisición de Canal+ por parte de Telefónica con la imposición de garantías que permitan el funcionamiento competitivo de los mercados audiovisual y de telecomunicaciones.

PÉRDIDA DE VALOR DEL SECTOR

Coimbra ha advertido también de la caída de ingresos y del beneficio bruto de explotación (Ebitda) del mercado español en los últimos cinco años. Así, el directivo ha explicado que los ingresos del sector de las telecomunicaciones han pasado de 35.598 millones de 2009 a los 25.173 millones de euros actuales, lo que supone un descenso de 7.425 millones de euros.

Del mismo modo, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) del sector ha descendido desde los 13.504 millones de euros en 2009 a los 9.272 millones de euros en 2013, lo que supone un descenso del 4.232 millones de euros en cuatro años.

A pesar de esta situación, Coimbra ha recordado que a pesar de que los ingresos y la rentabilidad están cayendo, aumenta el uso de servicios que requieren de altas inversiones.

OBSESIÓN DEL "CUANTO MÁS MEJOR"

"Es la foto del sector de los últimos años. Una industria que tiene problemas y cuyas condiciones actuales no favorecen la inversión ya que con los niveles de rentabilidad actual no es sostenible. Por esta razón hay que cambiar la dinámica y generar condiciones que alienten el crecimiento", ha explicado Coimbra.

Para lograr estos cambios, el directivo ha manifestado que es necesario cambiar la regulación y pasar de la obsesión por el número de competidores, "cuantos más mejor", al impulso de una economía digital que promueva este crecimiento.

"Cuantos más mejor no nos está llevando a ningún sitio", ha manifestado Coimbra, que ha pedido cambiar el paradigma para dejar atrás la pérdida de valor en el sector y lleve a cabo un impulso de la competencia y elimine la situación de posición dominante.

Asimismo, el directivo ha recordado que los operadores de telecomunicaciones pagan una tasa a RTVE para financiar la supresión de la publicidad. "En nuestra opinión esto es inconstitucional", ha remarcado el directivo, que ha pedido la supresión de este canon.

Coimbra ha pedido también que se adelante en lo posible la fecha del dividendo digital para permitir a los operadores utilizar las frecuencias de 800 Mhz para las comunicaciones móviles.

La liberación de este espectro es un mandato comunitario y España debe acatarlo a partir del 1 de enero de 2015 con el fin de liberar unas frecuencias por las que los operadores desembolsaron 1.300 millones de euros y que permitiría llevar el 4G a poblaciones más pequeñas, dar mayor cobertura geográfica y ofrecer una mejor calidad en interior de edificios.

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