MADRID, 23 Abr. (OTR/PRESS) -
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, presentó hoy dos nuevas medidas, que el Consejo de Ministros aprobará mañana mediante un real decreto-ley, que aportarán hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos y entidades locales para pagar las deudas pendientes que mantienen con empresas y autónomos, con el fin de aliviar los problemas de liquidez de este colectivo. El objetivo de ambas es, según Salgado, subsanar lo antes posible y de forma ágil los problemas de liquidez de las empresas y de los autónomos. Además, "esta inyección de liquidez favorecerá la reactivación de la actividad económica para las empresas con este problema".
El Gobierno confía en que estas dos nuevas medidas permitan aliviar los problemas de liquidez de empresas y autónomos al facilitar los pagos de sus deudas pendientes con entidades locales. La vicepresidenta segunda ha destacado la importancia de estas medidas para un relevante número de empresas y autónomos que actualmente tienen dificultades para cobrar un trabajo ya realizado y que, por otra parte, conforme la crisis económica ha ido evolucionando, también han visto aumentar las restricciones a créditos.
"El objetivo de ambas medidas es complementario y persigue subsanar lo antes posible y de forma ágil los problemas de liquidez de las empresas y los trabajadores autónomos que arrastran impagos de los ayuntamientos", explicó la nueva ministra de Economía en el Congreso. Además, el Gobierno confía en que supondrán una inyección de liquidez muy importante que favorecerá la reactivación de la actividad económica para las empresas con este problema. En total, se ha estimado que ambas medidas pueden suponer una financiación de unos 14.000 millones de euros.
El Real Decreto-Ley autorizará a los ayuntamientos y otras entidades locales a realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, incluyendo las facturas pendientes con empresas y autónomos. Las operaciones de endeudamiento bancario tendrán un plazo máximo de amortización de 6 años, con posibilidad de 1 ó 2 de carencia y, desde la concertación de la operación, las entidades locales dispondrán de un mes para cancelar las deudas pendientes con proveedores. El plazo para concertar la operación de endeudamiento es de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, lo que permite establecer un período máximo de cuatro meses para la ejecución de esta medida.
Los ayuntamientos tendrán que aprobar un plan de saneamiento por idéntico período al de la operación financiera y deberán presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.
La estimación del Ministerio de Economía y Hacienda es que esta operación de endeudamiento pueda ascender a unos 11.000 millones de euros, a partir del cálculo de las entidades locales que ya han remitido la liquidación del 2008 y de una proyección del posible remanente negativo de tesorería del conjunto de entidades locales.
NUEVA LÍNEA ICO
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos también ha instruido al Instituto de Crédito Oficial (ICO) la inmediata puesta en funcionamiento de una nueva línea para avalar por un importe máximo de 3.000 millones de euros a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos. De esta forma, el Gobierno avala las operaciones de descuento a empresas y autónomos con facturas pendientes de cobro.
El Real Decreto Ley que se aprobará mañana establecerá como garantía final ante posibles impagos por parte de las entidades locales su participación en los ingresos del Estado, en la que se podrá retener las cantidades correspondientes a la deuda de los ayuntamientos que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones de pago.
La nueva línea ICO establece algunas condiciones favorables para empresas y autónomos, como el tipo de descuento máximo del 5% en las operaciones, un porcentaje menor al habitual. Además, con el objetivo de asegurar que las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos tengan acceso real a los créditos, se ha establecido un límite de 300.000 euros por acreedor para evitar que las grandes empresas acaparen los avales.
Finalmente, también se ha establecido un límite por entidad local del 25% de su participación en los tributos del Estado para el año 2009, con el objetivo de evitar retenciones excesivas en los ingresos de los ayuntamientos que pudieran crearles problemas en el futuro.
(OTR PRESS)
