MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la nueva Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Enrique Fossoul, avanzó que los órganos de dirección del sindicato estudiarán hoy un calendario de movilizaciones que podría culminar en una huelga general en el sector público.
En rueda de prensa convocada por las federaciones del Área Pública de CC.OO. ante las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno, Fossoul apuntó que los sindicatos prevén contar con la colaboración de los sindicatos CSI-CSIF y UGT.
"Estamos planteando ir a una movilización sostenida junto con los otros sindicatos que se irá intensificando según vayamos conociendo en detalle los efectos de la aplicación de las medidas", anunció Fossoul.
La primera de las movilizaciones será la convocatoria de concentraciones ante las delegaciones del Gobierno de las principales capitales de provincia para el próximo 20 de mayo.
Por su parte, el secretario general de la federación de Sanidad y Servicios Sanitarios, Antonio Cabrera, quiso "abrir la mano" al resto de federaciones del sindicato para que se sumen a la posible huelga del área pública, y abogó por que ésta se produzca bajo la unidad de acción de las formaciones de trabajadores.
En este sentido, Cabrera adelantó que mañana tendrá lugar una reunión entre los responsables federales de Comisiones Obreras y confió en que otras secciones, como la de Pensionistas y Jubilados, se sumen a sus movilizaciones.
En cualquier caso, dejaron claro que los representantes de los trabajadores del área pública del sindicato "no van a esperar" por otras federaciones ya que se ven obligados a "actuar ya".
UN 90% DE MILEURISTAS.
Las federaciones del Área Pública del sindicato aseguraron que, con las medidas de recorte contra el déficit, el Ejecutivo "ha decidido empobrecer a 11 millones de habitantes (2,7 millones de empleados públicos y 8,5 millones de pensionistas)", y aplica reducciones salariales a un colectivo "donde el 90% del personal es mileurista".
Uno de los principales motivos de afrenta para el colectivo de trabajadores de la función pública es la ruptura del acuerdo firmado entre el colectivo y el Gobierno el pasado 25 de septiembre 2009 sobre el convenio colectivo para los empleados del Estado.
"Se trata de criminalizar a un sector que ya había asumido la solidaridad con un incremento de salarios del 0,3% para este año, y ahora el Gobierno ha roto de forma unilateral un acuerdo firmado bajo los mismo parámetros económicos que existen en la actualidad", argumentó Enrique Fossoul, quien matizó que "también se ha roto con lo pactado en cuanto a oferta de empleo público".
Para el representante sindical, con estas medidas "puede caer la eficiencia de los servicios públicos", al tiempo que se puede abrir la puerta a la privatización del sector, "algo que desean muchas autonomías y la derecha económica y política.
