MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó hoy un dictamen
favorable sobre el anteproyecto de Ley Ferroviaria, si bien instó al
Ministerio de Fomento a solucionar la deuda de 7.200 millones de
euros que Renfe acumula "en el plazo de tiempo más breve posible".
El órgano consultivo aprobó, por 48 votos a favor y tan sólo uno en
contra, un dictamen favorable sobre el texto legal por el que el
Ejecutivo pretende introducir la libre competencia en el transporte
en tren que, no obstante, incluye hasta un total de 22 observaciones
generales y hasta 23 particulares al texto del anteproyecto.
En concreto, denuncia que la futura Ley Ferroviaria no contempla el
tratamiento del pasivo que arrastra Renfe, que actualmente ostenta el
monopolio del transporte ferroviario, y recomienda que el escenario
de liberalización que finalmente se determine "trate este aspecto en
el plazo de tiempo más inmediato posible".
En este sentido, el CES recuerda que la solución al pasivo de Renfe
debe "acomodarse" a las directivas europeas sobre liberalización del
sector ferroviario en la UE que, según recordó, insta a los estados
miembro a "velar por que las empresas ferroviarias públicas cuenten
con una estructura financiera saneada y reduzcan sus deudas hasta un
nivel que no obstaculice una gestión financiera sana".
De igual forma, el consejo consultivo recomienda que la clausura de
líneas y estaciones de tren por falta de rentabilidad que el texto
contempla se lleve a cabo "asegurando cauces para la intervención
efectiva de las comunidades autónomas y entidades locales afectadas,
no sólo para que puedan asumir su financiación, sino también para que
propongan cambios en la explotación del servicio y ponderen la
repercusión que dicho cierre puede tener en la actividad económica de
la zona".
El anteproyecto de Ley Ferroviaria otorga al Ministerio de Fomento la
posibilidad de "clausurar líneas férreas, tramos de las mismas o
elementos concreto de la infraestructura, como estaciones, siempre
que durante un periodo de tres meses no se presten servicio sobre los
mismos o la explotación sea deficitaria", si bien ofrece a los
gobiernos regionales o locales asumir la financiación del
mantenimiento de las líneas susceptibles de cierre.
Respecto a la participación de las comunidades, el CES advierte
también sobre los "posibles conflictos" con los gobiernos regionales
que, a su juicio, puede originar la falta de concreción que, a su
juicio, presentan los criterios por los que una línea debe
considerarse de interés general, sobre todo los referidos a
conexiones entre líneas y accesos de éstas a las ciudades.
No obstante, el órgano que preside Jaime Montalvo aplaude la futura
Ley Ferroviaria por considerar que, más allá de responder a la mera
trasposición de las directivas comunitarias al respecto, apuesta por
"impulsar" este modo de transporte.
La liberalización del transporte ferroviario, en función del diseño
plasmado por Fomento en este texto legal, pasa por segregar la
gestión de infraestructuras de transporte del actual monopolio de
Renfe, que quedará como mera empresa de transporte.
Dichos activos -red viaria, estaciones, patrimonio inmobiliario y
rede de fibra óptica-, junto a las líneas de Alta Velocidad (Ave) que
actualmente tiene en construcción el Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF) pasarán a integrar el nuevo ente público
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
El ADIF será encargado de conceder surcos de vía a los distintos
operadores que exploten el servicio de transporte tanto de viajeros
como de cercanías en tren en régimen de libre competencia y previo
pago de un canon o peaje.
Las directivas comunitarias sobre la liberalización del sector fijan
para el próximo 15 de marzo la apertura a la competencia de las
líneas de transporte de mercancías integradas en las redes
transeuropeas, y en 2007 toda la red de mercancías, pero no ha
establecido aún un calendario para el transporte de viajeros en tren.
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29-Ene-2003 19:17:45
(EUROPA PRESS)
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