MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) reconoce la capacidad de influencia del Estado italiano en Enel, pero entiende que deben ser la Comisión Europea y las autoridades judiciales de la Unión Europea las que resuelvan el asunto, según el informe del regulador acerca de la OPA de la italiana y Acciona sobre Endesa.
En el informe, al que tuvo acceso Europa Press, el regulador considera "oportuno" aludir a "la conveniencia de que el Estado italiano proceda al cumplimiento" de las disposiciones del Tratado Europeo en relación con la libre circulación de capitales y el levantamiento de los poderes de voto del Gobierno sobre la compañía.
El regulador adopta esta posición porque rechaza el principio de reciprocidad por el bien de la integración de los mercados nacionales en el mercado europeo. Según este principio, un Estado puede alegar el incumplimiento de una o varias obligaciones por parte de otro Estado miembro para eludir la obligación de cumplir las mismas y otras obligaciones.
"Si el Estado español no permitiera a Enel ejercer el control solicitado sobre Endesa hasta tanto --tal como dos sentencias de TJCE (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea) lo establece-- se modifique la legislación italiana, de modo que, por ejemplo, algún agente español, o de otro Estado miembro, pueda ejercer el mismo control sobre Enel, el Estado español estaría apelando al principio de reciprocidad", afirma.
En suma, la CNE "considera simplemente que estas sentencias (comunitarias) deben ejecutarse" a nivel europeo, mientras que su papel como regulador es atender a cuestiones como la garantía del suministro, el interés general y la seguridad.
En sus doce condiciones a la adquisición de Endesa por parte de Enel y Acciona, el regulador emplaza a la compañía italiana a presentar un informe detallado en el que explique su estrategia corporativa en aspectos que afecten al interés general o a la seguridad pública española.
Además, el regulador dice que podría eliminar la condición anteriores y otra más si el Estado italiano retira sus poderes especiales sobre Enel. La segunda condición afecta los órganos de decisión de Endesa y establece que si en algún consejo de administración o junta de accionistas se adopta una decisión que afecte a la seguridad española con el apoyo de Enel, la CNE podrá en el plazo de un mes ordenar su revocación.
ENCONTRONAZOS ENTRE ITALIA Y LA UE
El informe recuerda que la ley de 1994 sobre la que se basan los estatutos de Enel fue motivo de un procedimiento de infracción abierto por Bruselas en 1998, que culminó con una sentencia del Tribunal de Justicia.
En 2003, se modificó la ley italiana sobre este asunto, pero Bruselas siguió viendo insuficientes los cambios, por lo que presentó una denuncia ante la Justicia comunitaria en 2006 que en la actualidad se encuentra pendiente de sentencia.
Además de estas dos leyes, existen otras disposiciones normativas que afectan a Enel y que han sido objeto de litigios entre el Estado italiano y las instituciones comunitarias, entre ellas un decreto de 2001, que salvaguarda de procesos de liberación y privatización de sectores específicos.
