CNMC pide ajustes en norma de denominaciones e indicaciones geógraficas para garantizar mercados competitivos

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido ajustes en la normativa sobre denominaciones e indicaciones geográficas protegidas para garantizar mercados competitivos en los dos informes emitidos sobre los proyectos de Real Decreto que desarrollan la normativa europea de protección de las indicaciones geográficas, según informa en un comunicado.

En concreto, Competencia ha recordado que España ocupa el tercer puesto de la Unión Europea, con un total de 388 denominaciones e indicaciones protegidas.

Estos regímenes de calidad diferenciada, más conocidos como denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) o especialidades tradicionales garantizadas (ETG), identifican productos que tienen unas características específicas ligadas a su origen geográfico o a un modo de producción tradicional y aportan transparencia al mercado, permiten a los consumidores identificar productos con características específicas y refuerzan la competitividad de las pymes, especialmente en zonas rurales.

La CNMC ha señalado en sus informes que antes de aprobar normas vinculantes, se recomienda solicitar un informe a Competencia para evaluar su impacto y garantizar que no distorsionen la competencia.

De esta forma, considera que estas medidas deben estar "justificadas, tener una duración limitada, definir claramente a los sujetos obligados y evitar el intercambio de información comercialmente sensible".

Además, recomienda mantener el modelo vigente de delegación del control oficial, con "competencia abierta y transparente" entre distintos organismos de certificación y personas físicas cualificadas, mientras que propone "eliminar la exclusividad" de los consejos reguladores en funciones de verificación.

El órgano presidido por Cani Fernández sugiere aclarar quiénes están legitimados para participar y mejorar los criterios sobre la protección nacional transitoria mientras se espera la decisión de la Comisión Europea y recomienda que los pliegos sean analizados por la autoridad de competencia para prevenir restricciones indebidas de la competencia.

Por último, recomienda cambiar su diseño para aproximarse más a una declaración responsable, reduciendo cargas administrativas prescindibles y los tiempos de comercialización.