MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con el voto del PP, una propuesta presentada por el diputado de Uniò Democràtica de Catalunya (UDC) Josep Sánchez Llibre para pedir al Gobierno que reduzca del 21% al 10% el IVA que se aplica a peluquerías y servicios prestados a personas físicas que practiquen deporte o educación física en gimnasios e instalaciones deportivas, como ya ha hecho con otros sectores como las flores o las obras de arte.
La moción, resultado de la interpelación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de hace unas semanas, iba a ser debatida en el Pleno de este miércoles, aunque finalmente se ha decidido incluir en el orden del día del martes.
Sin embargo, ese adelanto no ha conllevado una aprobación del texto, que los 'populares' han rechazado alegando que el Gobierno ya está "impulsando reformas fiscales en la medida en que el crecimiento económico se va consolidando" y que también ha tomado medidas que han beneficiado a estos sectores, tal y como ha explicado el portavoz adjunto del PP Antonio Gallego.
TAPAR SU MEDIDA ESTRELLA
El 'popular' ha vinculado además la subida del IVA con la "herencia recibida" y ha defendido los efectos de ésta y otras medidas, que además salvaguardaron el Estado del Bienestar "en su conjunto", las pensiones o las prestaciones de paro. Finalmente, ha calificado de "ridículo" que la propuesta parta de CiU, cuando el Gobierno de la Generalitat ha "creado 50 nuevas tasas en estos tres años" y tiene el tramo de IRPF "más alto" de España, entre otras cosas.
"A lo mejor lo piden para tapar algunas de las medidas estrella de la Generalitat, como que ahora los catalanes pagamos 7 euros por un duplicado de la tarjeta sanitaria o que en unos días empezaremos a pagar una tasa por conectarnos a Internet", ha apostillado.
Por su parte, Sánchez Llibre ha defendido que es "urgente" reducir la subida "desproporcionada" de IVA que desde 2012 se aplica a gimnasios o centros de belleza, que pasaron de tributar al tipo reducido del 8% al tipo general del 21%. Sólo así, argumenta el diputado, se evitará la destrucción de unos 78.000 puestos de trabajo, muchos de los cuales podrían acabar en la economía sumergida.
