Un total de 13 ayuntamientos tendrán que acogerse a deuda para hacer frente al pago del Fondo Foral de Financiación Municipal
SAN SEBASTIÁN, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Hacienda y Finanzas, Helena Franco, ha insistido en que la Diputación de Guipúzcoa no aplicará las medidas de amnistía fiscal, aprobadas por el Gobierno central, porque considera que la propuesta que se realiza es "injusta" y produce "desigualdades entre contribuyentes y, sobre todo, a favor de aquellos que han cometido fraude".
Franco ha realizado estas afirmaciones en la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales, en respuesta a una pregunta del PSE, donde ha remarcado que el Gobierno foral de Bildu "no justifica de ninguna manera estos tratos especiales".
En ese sentido, ha señalado que con la amnistía fiscal se "premia" a las rentas que "en su día no se afloraron y no tributaron como era debido". "Se les dará un trato de favor porque deberán tributar a tipos más pequeños y además no habrá sanciones ni delitos, es decir, se quedarían limpios en ese sentido", ha asegurado la diputada.
De este modo, considerado que estos planteamientos de que "una irregularidad se quede sin sanción", no son "presentables" para la Diputación, al tiempo que ha destacado que aplicar las medidas de amnistía fiscal les haría desobedecer el mandato de las Juntas Generales y tampoco sería "nada coherente" con el Plan de Comprobación tributaria contra el fraude elaborado por la institución foral.
Respecto a este Plan, Helena Franco ha dado cuenta a los grupos junteros de las líneas generales del mismo entre las que se encuentra la mejora de la organización interna del departamento, el esfuerzo para aflorar las rentas empresariales y profesionales o la creación de un registro interno de contribuyentes "de alto riesgo" para luchar contra el fraude. Este listado, basado en criterios "objetivos", tendrá que pasar, por las Juntas Generales para su debate y aprobación como norma foral.
CENSO DE "RIESGO"
Precisamente este registro es el que ha suscitado la desconfianza de los grupos junteros, que han expresado la necesidad de que esta propuesta "respete el derecho a la presunción de inocencia".
La portavoz del PSE, Rafaela Romero, ha reclamado que ese tipo de iniciativas se lleven a cabo "con las debidas garantías" y ha señalado que su formación ha registrado una propuesta para que se someta a análisis jurídico antes de su aprobación.
EL portavoz del PP , Juan Carlos Cano, ha afirmado que a su partido no le gustan las "las listas negras" y ha considerado que "es obvio que hay que recaudar y ejemplarizar la justicia fiscal pero no a costa de que paguen justos por pecadores", al tiempo que ha mostrado su preocupación por que se termine "castigando la figura del empresario".
La juntera del PNV Itziar Agirre también ha insistido en la necesidad de que los criterios sobre este censo queden claros, sobre todo en lo que respecta a la presunción de inocencia y las consecuencias que tendrá para los que estén incluidos en el mismo. La portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, por su parte ha planteado que este tipo de iniciativas deben llevarse a cabo "con mucha prudencia".
En ese sentido, la diputada de Hacienda ha subrayado que su departamento está "trabajando con seriedad" en esta propuesta y ha remarcado que la presunción de inocencia "no será vulnerada". Además, ha apuntado que, para que sea llevado a cabo "con todas las garantías", los expertos les han recomendado poner en marcha el citado censo a través de una norma foral.
AYUNTAMIENTOS
Por otro lado, Helena Franco ha respondido, también a una cuestión planteada por el PSE, a la situación económica de los ayuntamientos guipuzcoanos. De este modo, ha señalado que son 13 los consistorios que han solicitado acogerse a una financiación, que asciende a 2.485.000 euros, para hacer frente a la devolución del FOFIM en 2012.
Además, ha detallado que 58 de los 88 ayuntamientos guipuzcoanos han aprobado ya sus presupuestos y que, de ellos, nueve cuentan con un ahorro neto negativo y 49 un ahorro positivo "minúsculo". Además, ha asegurado que la Diputación no tiene constancia de que haya consistorios en el territorios que tengan "facturas bajo cajón sin pagar".
