MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Asaja, Pedro Barato, y el vicepresidente, Cristobal Aguado, se entrevistaron hoy con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para plantear un recurso de inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley del Suelo.
Dicha norma, en sus actuales términos, permite al Gobierno expropiar a los agricultores el suelo necesario para realizar infraestructuras a un justiprecio que, a juicio de Asaja, roza la confiscatoriedad.
El artículo 22 de la nueva Ley del Suelo, referente a la valoración en el suelo rural, deja sin efecto el actual artículo 26 de la Ley del Suelo ya derogada, que establecía el valor del suelo no urbanizable por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas.
A partir de ahora, el valor del terreno se calculará por el sistema de capitalización de renta, es decir por el valor de lo que se pueda sembrar o recolectar, independientemente de que ese precio sea infinitamente inferior al de las fincas colindantes o incluso inferior al precio que se adquirió.
Con este nuevo sistema de valoración, Asaja denunció que el nuevo justiprecio del suelo rural resultará "verdaderamente irrisorio", ya que será mucho menor al actual y rondará entre tres y seis euros por metro cuadrado.
A juicio de la organización, en el caso del urbanismo y con la nueva normativa, el agente urbanizador optará por un sistema expropiatorio "absolutamente perjudicial" para los agricultores, tanto por la nueva cobertura legal que justifica el expediente expropiatorio, como por el nuevo método de valoración del suelo rústico, tasado en función de la rentabilidad de la explotación que en muchos cultivos es "ruinosa".
