PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea tratará de adoptar antes de octubre de 2008 una decisión sobre la legalidad de la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que reconoce la Indicación Geográfica de procedencia de los vinos de mesa denominados Vinos de la Tierra 'Viñedos de España'.
Bruselas ha recibido la denuncia presentada por Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra contra 'Viñedos de España' y en el acuse de recibo avanza que espera aclarar el fondo del asunto en el plazo de un año. La Comisión Europea considera "admisible" la denuncia, aunque todavía debe apreciar si procede darle o no curso.
El Consejo Regulador de D.O. Navarra, informó en un comunicado que se opone a la creación de 'Vinos de España' al entender que se incumple normativa comunitaria según la cual "ningún vino de la tierra podrá abarcar la totalidad de un Estado miembro". El consejo también está en contra del la referencia a un Estado (España) "sin consensuarlo previamente con el sector".
Además, estima que existe una "posibilidad de fraude", ya que no se prevé un incremento del control de calidad superior al que ya existe para los vinos de mesa, "que en su totalidad pasarían a ser Vinos de la tierra 'Viñedos de España', con el consiguiente engaño encubierto para el consumidor".
Ante las dudas del consejo, la Comisión Europea responde que vela por que cada Estado miembro aplique correctamente el Derecho Comunitario a través de poderes propios e poderes propios (recurso por incumplimiento) o recursos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Tras la recepción de la denuncia, se abre una fase de investigación en la Comisión para apreciar si procede dar curso o no a la denuncia. En caso afirmativo, se incoará el procedimiento de infracción o contactos formales con el ministerio. Si el Estado miembro acusado no cumple un dictamen motivado, la Comisión podrá decidir recurrir al Tribunal de Justicia, que se pronuncia en un plazo de dos años.
No obstante, aprecia que los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales son los responsables en primera instancia de garantizar el respeto del cumplimiento del Derecho Comunitario por las autoridades de los Estados miembros.
Sólo los jueces nacionales tienen el poder de dictar órdenes a la Administración y de anular una decisión formal. Asimismo, son los jueces nacionales quienes pueden, en su caso, condenar al Estado miembro en cuestión a reparar los daños causados a causa de la violación del Derecho Comunitario que le sea imputable.
