Los Veintisiete reafirman su voluntad de alcanzar un acuerdo político en el mes de diciembre
BRUSELAS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La negativa de algunos países de la UE a suprimir en 2013 los derechos de plantación de viñedos y la intención de una mayoría del este y del norte de Europa de mantener la práctica de adición de azúcar al vino, la denominada chaptalización, se perfilan como los grandes obstáculos que deberán superar los ministros de Agricultura para lograr un acuerdo político sobre la reforma del vino el mes que viene. El tercer escollo es la forma en la que cada país podrá disponer de su presupuesto nacional,
El ministro portugués de Agricultura y Pesca y presidente en ejercicio del Consejo, Jaime Silva, enumeró estos tres elementos como los temas que no serán capaces de cerrar los Estados miembros a nivel técnico a lo largo del próximo mes y requerirán una discusión entre los ministros en el Consejo de Agricultura y Pesca del mes de diciembre, previsto para los días 18, 19 y 20.
Al término del Consejo este martes, Silva informó del informe que elaboró hoy en base al resultado de las reuniones que durante la tarde y noche de ayer él y la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, mantuvieron con cada una de las delegaciones.
El ministro portugués destacó en rueda de prensa la importancia de la organización común del mercado (OCM) del vino, que es la última que queda por reformar en la UE. En su informe dio cuenta "de la unánime voluntad y la buena volunta de todos los Estados miembros" para llegar a un acuerdo en diciembre, aunque, advirtió, "también hay esfuerzos importantes que hacer todavía para poder llegar a un compromiso político a corto plazo".
El primero tiene que ver con la propuesta de la Comisión Europea para acabar en 2013 con el régimen de derechos de plantación y liberalizarlos, algo que, en este caso, sucedería tres años después de la fecha de 2010 que ya acordaron los países de la UE en el año 1999.
Silva defendió este cambio como el instrumento de la propuesta de la Comisión que más se ciñe al objetivo de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de 2003 para que "el mercado sea el que oriente cada vez más la producción". No obstante, reconoció que "tenemos una fecha en 2010, la Comisión propone 2013, algunos Estados miembros que preferirían otra fecha y otros, no tener ninguna fecha".
Fuentes del Consejo de la UE señalaron que la delegación más enrocada contra la liberalización de las plantaciones es Francia, que quiere mantener el sistema actual, al menos para las denominaciones de origen. Apuntaron asimismo que Alemania ha propuesto una opción intermedia que consistiría obviar esta cuestión hasta el año 2012 para, a la luz de los resultados de los otros elementos de la reforma, determinar entonces si es necesario suprimir los derechos de plantación.
Según las fuentes, dentro de esta opción también podría incluirse un elemento para preservar las denominaciones de origen, de manera que las plantaciones se fueran liberalizando a partir de 2012, empezando por el vino de menor calidad.
ADICIÓN DE AZÚCAR
El segundo elemento difícil es la oposición de una "cómoda mayoría" de Estados miembros del este y norte de Europa a la propuesta de la Comisión para eliminar a partir de la entrada en vigor de la reforma la denominada "chaptalización", es decir la adición de azúcar que se ven obligados a hacer a sus vinos los países que tienen un clima menos soleado y que España apoya firmemente.
Las fuentes indicaron que el mantenimiento de esta práctica obligaría a dar una especie de recompensa a países opuestos a ella, como Italia, por medio de la autorización para los mostos. Señalaron que España no está interesada en este aspecto y añadieron que el elemento que realmente le interesa mantener a la delegación española es la producción de alcoholes de uso de boca, en peligro con la intención de la Comisión de eliminar las ayudas a la destilación, que, quizá, podría gestionarse dentro de su sobre nacional.
Por su parte, el presidente del Consejo afirmó que un eventual mantenimiento de la chaptalización "obligaría a una ecuación" para favorecer a quienes se oponen a ella, como "reconsiderar la cuestión de los mostos para encontrar una solución final de equilibrio".
PRESUPUESTO
El tercer elemento que tendrán que cerrar los ministros en diciembre es la gestión que cada uno de ellos podrá hacer del presupuesto que se les asigne para el sector vinícola, que no se alterará en ningún caso. Silva aseguró en rueda de prensa que el presupuesto "es el que hay", formado por 1.300 millones de euros que no se incrementarán. En este sentido, dijo que "habrá que encontrar soluciones", para lo que pidió a sus colegas "que entiendan que un cambio en una de las propuestas en una línea presupuestaria para atender una demanda particular desencadenaría todo un movimiento que nos impediría encontrar un cierto equilibrio".
Las fuentes, por su parte, consideraron poco probable que se vaya a abrir la discusión sobre el montante global del presupuesto, habida cuenta de que los antiguos Estados miembros están satisfechos con sus asignaciones nacionales y sólo son los nuevos países los que querrían mejorarlo.
La discusión sí puede plantearse, añadieron, por lo que respecta al uso que cada Gobierno pueda dar a su dotación nacional. Aquí dijeron que podría tener alguna posibilidad la producción española de alcohol de uso de boca, aunque apuntaron que el dinero que destinen a la destilación no podrá emplearse, por ejemplo, a actividades de promoción.
ESPAÑA
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, informó ayer al término de su reunión que su mensaje a la Presidencia de la UE y a la Comisión fue que "queremos una reforma que sea capaz de dar salida a todas las producciones españolas: vino, mosto y alcohol de uso de boca, y sea capaz también de generar nuevas expectativas, como la promoción, una mayor competitividad del sector o incluso abrirlo a practicas relacionadas con desarrollo rural como el turismo enólogico o con la vinoterapia".
En referencia a la única pregunta que formularon Silva y Fischer Boel a los ministro, sobre su intención de llegar a un acuerdo político en diciembre, Espinosa señaló que "le hemos dicho que sí, pero si no era posible trabajaríamos con ellos para que la reforma se pudiera hacer en el plazo que consideraran oportuno".
