MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, resaltó hoy la voluntad de su departamento de mantener un diálogo fluido con las comunidades autónomas (CCAA) y los sectores afectados por la reforma de frutas y hortalizas para que participen en el desarrollo de los acuerdos alcanzados en la UE.
"Vamos a seguir trabajando con los sectores en el desarrollo de esta reforma, ya que en algunos aspectos contamos con subsidiariedad dentro los Estados miembros para aplicar las decisiones correspondientes", dijo Espinosa, quien también dio la enhorabuena al sector, porque será "el gran beneficiado de la reforma".
En este sentido, sostuvo que el acuerdo político alcanzado por unanimidad el pasado día 12 de junio en Luxemburgo sobre la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas es "muy positivo para los intereses hortofrutícolas españoles y respalda ampliamente las posiciones defendidas por España".
A su parecer, se ha logrado dotar de mayor competitividad al sector al mantener y reforzar las Organizaciones de Productores (OP) como instrumentos de ordenación del sector al mismo tiempo que se aumenta la flexibilidad en su constitución y la utilización de los fondos operativos.
La ministra de Agricultura valoró que se hayan introducido nuevas medidas de apoyo a las Organizaciones de Productores incentivando la incorporación de nuevos socios a las mismas así como el incremento del apoyo financiero comunitario del 50% al 60% para las Organizaciones de Canarias y para el primer Programa Operativo.
Asimismo, se ha conseguido establecer, como solicitaba España, un mecanismo específico en caso de perturbaciones de mercado, al tiempo que se ha incluido la posibilidad de financiar con créditos actuaciones ante situaciones imprevisibles, y que los agricultores no asociados puedan acogerse a estas medidas de gestión de crisis con financiación nacional.
También ha valorado, especialmente, que la aportación comunitaria a los Fondos Operativos, en relación con la prevención y gestión de crisis, haya pasado del 4,1 al 4,6% y que la ficha financiera haya quedado abierta ante el previsible aumento del número de agricultores que se incorporarán a las Organizaciones de Productores.
Otras medidas que también responden a las demandas de España tales son el mantenimiento durante un período de tres años de la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en superficies acogidas al pago único, el fomento de acciones de promoción dirigidas a los escolares y el compromiso de la Comisión Europea de reforzar las exigencias y controles fitosanitarios de las importaciones de terceros países, enumeró la ministra.
En relación con el sector de los transformados, subrayó que la propuesta inicial de la Comisión Europea ha sido modulada mediante la aplicación de un desacoplamiento parcial de las ayudas, con un periodo transitorio para aquellos productos o sectores que decidan los Estados Miembros. Además, se ha conseguido "una flexibilidad sin precedentes" para dar solución a los problemas específicos de España.
Así, en el sector del tomate se ha terminado con el sistema "perverso" de penalizaciones que se arrastraba desde el año 2000, que perjudicaba la renta de los productores y la estabilidad del sector, y se dispone de un período transitorio de hasta cuatro años, con la posibilidad de vincular hasta el 50% de la ayuda a la producción.
También se ha consolidado un nivel de apoyo para el sector del tomate de 56 millones de euros al año y se ha reducido la penalización para la actual campaña mediante la concesión de ayudas nacionales que, en el caso de España, será de 15 millones de euros.
En el sector de los cítricos, se ha establecido un período transitorio de hasta cinco años, de tal forma que durante los tres primeros se podrá mantener el 100% de la ayuda por superficie y en los dos siguientes hasta el 75%, con la obligación de entregar a la industria una cantidad mínima por hectárea.
