El entorno de Gabaldón considera esta iniciativa como un intento de obstaculizar la junta extraordinaria de septiembre.
PALENCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El equipo de abogados de la empresa Galletas Gullón, dirigido por Pablo Rodríguez-Mourullo, ha presentado en el registro del Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga (Palencia) un escrito solicitando la ampliación de la querella criminal contra Juan Miguel Martínez Gabaldón al encontrar nuevas pruebas periciales e indicios de nuevos delitos en la actuación del ex director general de la compañía, informó hoy la empresa.
Estas nuevas acusaciones se fundamentan en documentos conocidos por el consejo de administración en los últimos meses, así como en las declaraciones de testigos e imputado en la fase de instrucción que se está desarrollando desde que la querella fuera admitida a trámite el 5 de marzo de 2010.
En la querella criminal Galletas Gullón acusa Juan Miguel Martínez Gabaldón de un delito continuado de estafa y otro de estafa en bienes inmuebles, también de delitos fiscales y de falsedad en contrato mercantil.
Con las nuevas pruebas e indicios aparecidos, los abogados consideran que se refuerzan los argumentos que sustentan las denuncias y aparecen nuevos delitos que no han querido precisar hasta que el escrito sea aceptado por el juzgado.
En la fase de instrucción ya han declarado además del imputado, Juan Miguel Martínez Gabaldón, la ex presidenta de la compañía, María Teresa Rodríguez Sainz Rozas, en calidad de testigo, sus hijos y actuales responsables de la compañía, Félix, Raúl y Hernán Gullón Rodríguez así como algunos directivos de la galletera.
LLEVAR A LO PENAL LO PERDIDO EN LO SOCIAL.
Por su parte, fuentes cercanas a Martínez Gabaldón consideraron que la última sentencia en favor del directivo es la prueba "más clara y contundente" de que la gestión de el director general de la galletera durante más de 20 años "fue impecable".
En dicha sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha obligado a Galletas Gullón a indemnizar a Martínez Gabaldón con cerca de 9 millones de euros por despido improcedente, avalando así su gestión.
"La sentencia demuestra que su despido fue injustificado e improcedente y que las graves acusaciones que fueron efectuadas contra su ética y profesionalidad eran infundadas y falsas", apuntan las mismas fuentes.
De este modo, el entorno del ex directivo subraya que es legítimo considerar que la noticia que ahora se difunde "no es más que un intento de llevar al terreno penal un caso que ya han perdido en lo social".
"¿Si las acusaciones no son constitutivas de causa de despido, cómo pueden ser constitutivas de delito?. Sospechamos que es una reacción de cara a la galería ante la contundente sentencia TSJCyL y para obstaculizar la junta general extraordinaria convocada para el día 1 de septiembre", subrayaron.
En su opinión, se vuelven a utilizar las mismas acusaciones, sin aportar pruebas, que ya llevó al consejo a posponer "de manera abusiva" la junta ordinaria, que debía haberse celebrado antes del 30 de junio pasado.
