MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para que las asignaciones a la Política Agrícola Común (PAC) en los nuevos presupuestos comunitarios responda a la "diversidad española" y evite que haya "desigualdades territoriales y sectoriales".
"Es indispensable que España disponga de una dotación financiera al menos igual a la actual y que no haya distinciones sectoriales para tener en cuenta a todos nuestros sectores", aseguró el titular de Agricultura durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Respecto al sector lácteo, Arias Cañete reiteró que se está "trabajando para que el nuevo modelo de pagos atienda a las necesidades del sector y que las medidas funcionen de forma ágil y eficaz".
Arias Cañete confía en que se llegue rápidamente a un acuerdo entre los Estados miembros. "No está nada decidido, pero España, junto a sus aliados Francia e Irlanda, lideran el presupuesto de la PAC y lo hará así en la Cumbre de Gobierno, que se celebrará mañana y pasado, donde esperamos que se alcance un acuerdo satisfactorio para España", confió, señalando que "no será posible alcanzar un acuerdo político hasta finales de este semestre".
El ministro destacó que espera que los acuerdos "reflejen el peso e importancia que la agricultura española tiene en la UE" y trasladó a los diputados la situación de los debates de la reforma de la PAC que, previsiblemente, "culminará durante la actual Presidencia irlandesa de la UE", por primera vez mediante el procedimiento legislativo de codecisión.
Durante su comparecencia, el responsable de Agricultura detalló el conjunto de medidas propuestas por la Comisión en relación con los pagos directos, sobre lo que, explicó, se trabaja desde el Gobierno para que el resultado final "responda a la diversidad de las orientaciones productivas españolas, evitando que se produzcan desigualdades territoriales y sectoriales".
Respecto a los pagos directos, el ministro explicó que la propuesta de la Comisión contempla la sustitución del sistema de ayudas actual por un pago básico, que debería alcanzar un nivel uniforme dentro de un Estado miembro en 2019; un pago adicional vinculado al componente verde; un pago para agricultores situados en zonas con limitaciones naturales; una ayuda asociada voluntaria para determinadas producciones; un pago para jóvenes agricultores y un régimen simplificado para los pequeños agricultores.
El ministro destacó como uno de los elementos más controvertidos la evolución hacia un sistema de ayudas uniforme por Estado miembro o región. Un tránsito, indicó Arias Cañete, que puede provocar, en países como España, un trasvase significativo de ayudas entre regiones, sectores y agricultores y ganaderos "que puede llegar a poner en peligro la viabilidad de las explotaciones de estos últimos, si no se adoptan medidas".
Ante eso, el titular de Agricultura explicó que España pide "que la aproximación de las ayudas no sea total, y que las pérdidas y ganancias a nivel de beneficiario puedan limitarse", empleando para ello un modelo similar al utilizado para la aproximación de las ayudas entre Estados miembros, en lo que se llama proceso de convergencia externa.
