MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El árbitro en el conflicto entre Iberia y el Sepla, Jaime Montalvo, podría incluir entre los puntos que someterá al arbitraje obligatorio algunas cláusulas del convenio de pilotos sobre la segregación de la compañía y la programación conjunta, informaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.
Montalvo, designado el domingo por el Ministerio de Fomento, inició el lunes los contactos con la aerolínea y sus pilotos para recabar información antes de emitir el laudo arbitral, de obligado cumplimiento para ambas partes, para lo que cuenta con un plazo de diez días.
La tarea de Montalvo no será fácil tras el intento fallido de la mediación del exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, frustrado en marzo ante la imposibilidad de consensuar un documento por ambas partes, inamovibles en sus posturas, que recogiera unos mínimos aceptables para cada parte.
El origen de la huelga, la creación de Iberia Express fuera de la aerolínea, es el telón de fondo del contencioso entre la compañía, que defiende su lanzamiento como una decisión empresarial para competir en el corto y medio radio ante el auge de las 'low cost', y sus pilotos, que insisten en que es "ilegal" por vulnerar su convenio.
Según recoge el VII Convenio Colectivo de los pilotos de Iberia en su disposición final quinta "la dirección de la empresa se compromete a no segregar de Iberia Operadora la operación de vuelo salvo acuerdo previo con la sección sindical de Sepla en Iberia".
"Iberia no podrá acudir a la programación conjunta, salvo pacto expreso con la sección sindical", reza otra cláusula de su articulado. Por programación conjunta se entiende "el resultado de ordenar conjunta y centralizadamente, los recursos humanos, materiales y todo tipo de las sociedades del Grupo Iberia y sociedades participadas".
Tanto Iberia, que decidió no proponer ningún candidato, como el Sepla, que planteó dos nombres y desconvocó la huelga que mantenía desde el pasado 9 de abril, han aceptado a Montalvo como árbitro, quién tendrá que ser sensible a los intereses de la compañía y del colectivo en la disputa.
Iberia ha evitado valorar el proceso arbitral para evitar así que existan "interferencias" y facilitar que el árbitro pueda desarrollar su labor con normalidad en "un ambiente interno". Con este objetivo, ha dejado en suspenso el periodo de consultas abierto para la inaplicación del VII Convenio Colectivo hasta que se emita el laudo arbitral.
Paralelamente al conflicto por Iberia Express y acogiéndose a la nueva reforma laboral, la compañía quiere recortar en un 20% el coste de este colectivo, el único con el que después de más de dos años de negociaciones no ha logrado cerrar un acuerdo para un convenio ya caducado --con el resto de colectivos ha pactado condiciones vinculadas a la nueva marca--, y modificar ciertas cláusulas para aumentar en un 25% su productividad.
La sección sindical del Sepla, que venía reclamando al Gobierno su intervención con un arbitraje como "única solución" a un conflicto enquistado, ha mostrado su disposición al árbitro designado para "facilitar una solución equilibrada y sostenible". El sindicato acogió este descuelgue de su convenio como "una provocación" que no hace sino alejar aún más ambas posturas.
PRECEDENTE EN 2001.
El Gobierno decidió imponer un arbitraje obligatorio entre Iberia y el Sepla para poner fin a un conflicto que desde diciembre de 2011 a abril de este año ha provocado 18 jornadas de huelga, con un coste diario para la aerolínea de tres millones de euros, y un impacto económico que asciende a 54 millones de euros.
Pero no es la primera vez que se recurre a un arbitraje en Iberia para la resolución del conflicto sobre el convenio colectivo de sus pilotos. En 2001, el Ministerio de Fomento designó como árbitro al presidente en funciones del Comité Económico y Social (CES), Federico Durán López, quién determinó que las partes debían firmar un convenio a cuatro años con subidas salariales vinculadas a la marcha de la compañía.
Ahora será Montalvo, catedrático de Derecho del Trabajo y expresidente del CES en la anterior legislatura, quien ponga fin de nuevo a la controversia y discrepancias entre el Sepla e Iberia dictando un laudo (sentencia) de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable.
