Economía/Empresas.- La CE multa con 173,8 millones de euros a productores de aditivos para plástico por pactar precios

BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea impuso hoy una multa de 173,8 millones de euros a veinticuatro empresas de diez grupos industriales diferentes -Akzo (Países Bajos), Baerlocher y Gea (Alemania), Ciba y AC Treuhand (Suiza), Elementis (Reino Unido, EEUU), Elf Aquitaine (Francia), Chemson (Austria) y Faci y Reagens (Italia)- por pactar los precios y repartirse el mercado de aditivos para plástico entre 1987 y 2000, lo que supone una infracción grave de la normativa comunitaria.

La empresa estadounidense Chemtura Corporation también participó en el acuerdo ilegal, pero se ha librado de la sanción por ser la primera en delatar la existencia del cártel. Las multas para Arkema, Baerlocher y Ciba se redujeron por su cooperación con el Ejecutivo comunitario durante la investigación. En contraste, la sanción para la francesa Arkema se aumentó un 90% porque esta empresa ya ha sido multada otras tres veces por Bruselas por participar en cárteles.

Los productos en cuestión son los estabilizadores de estaño y los estabilizadores térmicos ESBO/esters. Se añaden al plástico PVC para mejorar su resistencia térmica. Además, aumentan la plasticidad, la rigidez y la transparencia de los productos de PVC y hacen que no se decoloren. Se usan en envases, tarjetas de crédito, botellas, piel artificial y otros productos de plástico de uso diario. El mercado de estos productos representaba un valor de 121 millones de euros en el momento de la infracción.

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, explicó que las empresas participantes en el cártel utilizaban un sistema de códigos de colores para sus documentos para intentar ocultar la existencia del acuerdo ilegal. La consultora AC Treuhand organizaba los encuentros y vigilaba la aplicación de los acuerdos sobre precios, reparto de clientes y mercados. Las reuniones se celebraban en la sede de este consultora en Zurich "con el objetivo expreso de escapar a la jurisdicción de la Comisión".

"Estas compañías deben aprender a las malas que vulnerar la ley no compensa, y que los reincidentes deberán enfrentarse a penas más duras", resaltó Kroes. "Las elaboradas precauciones de las empresas para cubrir sus pistas no ha impedido que la Comisión descubra el alcance de sus esfuerzos para estafar a sus clientes", resaltó.

La investigación de la Comisión se inició con una serie de investigaciones por sorpresa en febrero de 2003 en las sedes de las empresas investigadas tras la delación de Chemtura.