MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU quiere que el Gobierno adopte las medidas necesarias para crear un marco jurídico que regule la actuación de las empresas que se ocupan de recuperar las deudas y créditos impagados, así como para asegurar la "debida protección de los ciudadanos frente a aquellas actuaciones que atentan contra la dignidad de las personas o que invadan su intimidad por la reclamación de impagos".
Se trata de una proposición no de ley que los nacionalistas catalanes quieren debatir en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, critica que España sea el único Estado de la Unión Europea que no tiene regulada la actividad del recobro extrajudicial de deuda y recuerda casos en los que "se recurre a prácticas que lesionan gravemente derechos fundamentales de la persona".
Según Sánchez Llibre, esta lesión responde al "vacío legal" que permite que existan ciertas empresas dedicadas al cobro de deudas que "llegan a utilizar métodos coactivos e incluso cercanos a la extorsión", como "amenazas o divulgación de datos concernientes a la morosidad del deudor como medio de presión para cobrar la deuda".
ERRADICAR MEDIOS DE COBRO VEJATORIOS.
Así, CiU defiende la "erradicación de la utilización de medios de cobro manifiestamente vejatorios y denigratorios que atentan contra la dignidad de las personas y lastiman y lesionan sus derechos fundamentales".
En la misma línea, Sánchez Llibre recuerda que hay una sentencia del Tribunal Supremo que reclama a los Poderes Públicos la necesidad de remediar estas situaciones. Además, señala que las asociaciones del sector han elaborado códigos éticos de actuación que pueden suscribir, voluntariamente, las empresas que lo deseen.
Por todo ello, los nacionalistas instan al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para crear un marco jurídico de actuación de las empresas de recuperación de deudas y de cobro de créditos impagados y que, a estos efectos, en colaboración con las asociaciones sectoriales, dicho marco considere el contenido de los códigos éticos de buen cumplimiento adoptados por las empresas del sector.
Finalmente, insisten en "reforzar y asegurar la debida protección de los ciudadanos frente a aquellas actuaciones que atenten a la dignidad de las personas o invadan su intimidad en ocasión de la reclamación de deudas impagadas".
