MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) estará a partir de esta semana en condiciones de pronunciarse acerca de la adquisición por parte de Suez de una participación significativa en Gas Natural, una vez concluido el último trámite del proceso de presentación de alegaciones.
El regulador había decidido abrir un trámite de audiencia de diez días que termina esta semana y en el que las partes interesadas --Suez, Gas Natural y Repsol-- podrán formular sus alegaciones acerca del expediente, cuya tramitación ha coincidido con la fusión entre el grupo francés de servicios y GDF.
Tras ello, el organismo presidido por María Teresa Costa emitirá una resolución a la luz de la Función 14, en la que quede plasmada su posición ante la solicitud formal de Suez de elevar su participación en el grupo de Salvador Gabarró del 9,95% al 11,3%.
Pese a que la solicitud de aumento de participación se realizó en mayo, la CNE ha incluido en su análisis una información adicional acerca de la fusión con GDF, aprobada cerca de cuatro meses después, al considerar que la operación implica un cambio en el contexto inicialmente planteado.
De hecho, la fusión con GDF dará al Estado francés un 35% del grupo resultante y, como consecuencia, una posible capacidad de influencia sobre Gas Natural.
Esta circunstancia también podría hacer, tal y como está planteada la legislación actual, que el Gobierno se pronuncie acerca de la presencia del Estado francés en la gasista y limite al 3% el poder de voto de GDF-Suez, ya que la llamada Ley Rato impide que empresas con capital público extranjero tengan un peso político superior a este umbral en compañías españolas reguladas.
La Ley Rato fue creada en 2000 por el entonces vicepresidente económico de Gobierno, Rodrigo Rato, para evitar la entrada en el sector energético español de empresas públicas europeas, pero se encuentra recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo.
Además, el Gobierno renunció recientemente a aplicar esta ley en el caso de Enel y su oferta de compra junto a Acciona de Endesa. El Gobierno italiano dispone de una participación en la eléctrica superior al 30%, pero el Consejo de Ministros autorizó a Enel a ejercer derechos políticos correspondientes a su participación del 24,9%.
