MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El peso del precio en las adjudicaciones públicas de servicios de tecnologías de la información (TI) en España es del 58%, frente a la media europea del 40%, según un estudio comparativo realizado por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), que denuncia que esto va en "detrimento" de criterios que valoren la calidad.
El informe resalta que España se distingue de los países de su entorno por prácticas como la "fuerte" presión del precio sobre las adjudicaciones, el uso "excesivo" del procedimiento abierto y la "escasa" implantación de otros procedimientos de contratación, como el restringido o el diálogo competitivo.
Asimismo, destaca por contratar "con unas tarifas de servicios profesionales muy inferiores a la media europea". El estudio pone de manifiesto que la media en los países de referencia es un 60% superior a la española.
Según la comparativa de modelos de contratación pública enfocados a consultoría y servicios de TI realizada con países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda o Dinamarca, existe una "gran disparidad" respecto a los procedimientos de adjudicación que se utilizan en los principales países europeos, pues mientras que en España y Francia predomina el procedimiento abierto, en Reino Unido y Dinamarca el más habitual es el restringido.
En concreto, España recurre a este tipo de proceso en un 80% de los casos, además de destacar por la "escasa" implantación de un proceso de diálogo competitivo.
Al respecto, el presidente de la asociación y exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, remarca que la actual situación del sector público español debería propiciar la utilización de esta modalidad, "pues permitiría la ejecución de proyectos viables tanto para las administraciones públicas como para la industria, y redundaría en beneficio de todos".
HOLANDA Y DINAMARCA, LOS MÁS AVANZADOS EN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la AEC, Holanda y Dinamarca son los países más avanzados en lo que se refiere a criterios de adjudicación, "ya que disponen de metodologías y herramientas normalizadas para el establecimiento de los criterios de contratación".
Por otra parte, el estudio detecta la inexistencia de una legislación que ponga límite al peso de los criterios subjetivos en estos procesos, salvo en España, donde a partir de cierto límite es obligatorio el establecimiento de una comisión independiente para su valoración. No obstante, la asociación asegura que en los contratos de consultoría dicha práctica es "casi inexistente".