MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, reconoció hoy que Austrian Energy & Enviroment (AEE) "ha incumplido el plan industrial de Babcock Power España", aunque confió en una readaptación del mismo que permitirá su viabilidad "a partir de 2007".
Según explicó Solbes, en la memoria de Babcock para el ejercicio 2005 se señala que AEE, empresa que adquirió la compañía española en 2004, ha elaborado una "readaptación" del citado plan para garantizar la viabilidad del negocio a partir del próximo año.
Por ello, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV) en el Senado, Solbes aseguró que las modificaciones del plan previstas permitirán su cumplimiento.
Asimismo, se mostró optimista sobre el futuro de la compañía española ya que actualmente cuenta con una cartera de pedidos de 170 millones de euros, lo que supone, a su juicio, "una carga de trabajo significativa e importante para los próximos dos o tres años".
Por otro lado, Solbes informó de que el 31 de enero de 2007 finalizará el periodo de ejecución del plan industrial de la empresa, y será la fecha en la que además se extinguirá su vínculo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), después de que ésta la privatizara.
No obstante, señaló que desde SEPI se pretende reformar el plan industrial para que abarque un periodo adicional de dos años más. Por ello, anunció la celebración de una reunión con sindicatos y empresa que se celebrará el próximo 27 de diciembre con el fin de llegar a un acuerdo.
Solbes precisó que en una reunión previa no se llegó a ningún acuerdo entre las partes y confió en que éste se alcance en la próxima fecha prevista.
El senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Francisco Javier Maqueda Lafuente, expresó al vicepresidente segundo su temor ante el probable despido de 80 de los 400 empleados de Babcock Power España, "y una posible venta de los activos" de la compañía en un plazo de dos años por parte de la entidad austríaca.
