MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas cuestiona en un reciente informe la privatización de la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología (Initec) llevada a cabo el año 2000 por el Gobierno Aznar, que se vendió por 30 millones de euros y que, al final de todo el proceso, arrojó unas pérdidas de casi nueve millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el máximo órgano fiscalizador explica que cuando se decidió vender Initec se recibió una sola oferta vinculante de Técnicas Reunidas y Westinghouse Electric Company por 30,970 millones de euros por el 100% del capital, lo que incluía la asunción de las deudas contraídas con la SEPI para la financiación de proyectos de I+D.
Sin embargo, precisa que el precio estaba condicionado al resultado de un análisis más detallado de la situación de Initec, ya que los compradores manifestaron que no creían en la viabilidad futura de los proyectos de I+D y consideraban necesario realizar una reestructuración de personal, de la que "sólo estaban dispuestos a asumir el coste mínimo legal".
En julio de 1999 se firmó el contrato privado de compra-venta por un precio de 30,05 millones de euros, pero fue minorado por las disminuciones del capital circulante de Initec de junio de 1999 respecto al capital circulante de diciembre de 1998, así como por el aumento de la deuda neta entre ambos balances.
En este contexto, el precio fue rebajado en al menos 5,10 millones de euros por los créditos de I+D frente a SEPI y para dotar una provisión en el balance de cierre para la reestructuración de personal, con lo que el Tribunal de Cuentas cree que el precio inicial era realmente de 24,94 millones de euros. Pero, además, esa cantidad estaba sometida a un informe de auditoría, con lo que precio quedó definitivamente establecido en 23,45 millones de euros.
CONDICIONES DEL CONTRATO.
Asimismo, el órgano fiscalizador señala que en el contrato, los compradores se obligaban durante tres años a mantener unos fondos propios mínimos en Initec, a no disolver, liquidar ni escindir la empresa, a no transmitirse entre sí su participación accionarial en un porcentaje superior al 25% social y a no establecer ningún tipo de carga o gravamen sobre las acciones, obligaciones a las que se dieron cumplimiento, según señala.
Igualmente, ambas partes aceptaron una reducción de plantilla de, como máximo, 189 trabajadores. El contrato privado de venta suscrito en 1999 se acompañó de siete cartas adicionales fechadas ese mismo día, parte de las cuales incorporaban cambios en los compromisos establecidos que suponían consecuencias económicas para la SEPI.
Para el Tribunal de Cuentas, esta manera de definir el contenido de contratación "no era adecuada", ya que recoger contenidos diferentes en distintos documentos firmados simultáneamente puede dar lugar a confusión sobre la realidad de lo convenido por los interesados.
OBVIARON LOS AJUSTES EN EL ACUERDO.
Pese a todos esos condicionantes, la venta de Initec fue autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de marzo de 2000 con el mismo precio de referencia del contrato privado (30,05 millones de euros), a pesar de que en la fecha en la que se adoptó ya se conocían todos los ajustes que determinaban el precio definitivo de 23,45 millones de euros. Tampoco se recogió mención alguna a las cartas adicionales que acompañaban al contrato y sólo se cita la autorización para la entrada de Dragados Industrial en Initec.
A todo ello el informe de fiscalización indica que SEPI tuvo que desembolsar 2,4 millones de euros por el expediente de regulación y que los compradores reclamaron 8,51 millones de euros a la SEPI por la ejecución de las garantías establecidas en el contrato privado.
En conclusión, teniendo en cuenta "el valor de las acciones, el precio de venta minorado con todos los ajustes acordados en el contrato, los créditos que SEPI tuvo que condonar a su filial, el importe pagado por SEPI a los compradores como consecuencia de las reclamaciones presentadas, el exceso de costes de personal asumido por el 'holding' públicos y los gastos en que incurrió por honorarios de asesoramiento y el informe de auditoría", la operación supuso exactamente una pérdida de 8,9 millones de euros.
No obstante, según precisa el Tribunal, en la contabilidad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sólo se reflejaron pérdidas por 5,19 millones de euros.
COMPROMISOS EN UN SÓLO DOCUMENTO.
Para evitar que situaciones como la descrita se repitan, el Tribunal de Cuentas recomienda que se recoja en un único documento todos los compromisos de las partes y que el acuerdo del Consejo de ministros haga expresa referencia de los mismos.
Además, solicita que en la formalización de los contratos de enajenación de empresas públicas el precio de la operación no se someta a ajustes, mas que en aquellos aspectos imposibles de cuantificar en el momento de la formalización del contrato. Ve conveniente que la entidad vendedora tuviese en cuenta que las garantías establecidas a favor de terceros deben ceñirse estrictamente a los términos establecidos en el contrato.
Finalmente, recomienda que, en estos casos de privatización, el Gobierno requiera de la actuación del Consejo Consultivo de Privatizaciones hasta que los compromisos se ejecuten en su integridad.
