La fotovoltaica advierte de que la norma impedirá financiar proyectos y acabará con la prioridad de entrada de las renovables
MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el borrador de real decreto de energías renovables remitido por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "empeora gravemente las condiciones para los inversores" y "supone la imposibilidad de financiar nuevos proyectos o refinanciar los existentes".
La asociación también considera que la norma, en la que Industria "desoye a la Comisión Europea y a todos los organismos reguladores", elimina los incentivos al cierre de plantas incluidos en el anterior borrador y abre la puerta a la eliminación de la prioridad de despacho de las renovables.
"Este nuevo texto instaura la más absoluta arbitrariedad e incrementa la retroactividad, ya que todos los parámetros sobre los que pivota la retribución podrán variarse cada tres años", advierte.
Además, el Gobierno "se faculta" para cambiar "de forma discrecional cada seis años" el concepto de rentabilidad razonable para las instalaciones que ya perciben el nuevo régimen económico.
El borrador prevé la revisión "sistemática" del concepto de rentabilidad razonable y del diferencial que se aplica sobre los tipos del Tesoro para fijar la rentabilidad razonable, asegura.
Esta variable genera una "incertidumbre" que, a juicio de UNEF "no solo imposibilita la financiación de nuevos proyectos, sino que, lo que es aún más grave, también la refinanciación de los actuales". El sector se encuentra "al borde" del 'default' y la imposibilidad de refinanciar la deuda "supondrá la quiebra de estas empresas".
PRIORIDAD DE DESPACHO.
La asociación recuerda además que hasta ahora las energías renovables tenían prioridad a la hora de vender su energía en el mercado mayorista de electricidad.
Sin embargo, el nuevo texto abre la posibilidad de que, "de forma encubierta", desaparezca en la práctica esta prioridad de despacho, ya que eventuales modificaciones del mecanismo de casación del mercado eléctrico podrían implicar la pérdida de este derecho.
La nueva redacción tampoco reconoce la 'potencia pico' de las instalaciones y utiliza en su lugar la 'potencia nominal' que, de media, es un 15% inferior. "Esta variable es crítica, dado que la nueva metodología establece que la retribución se calculará en función de la potencia instalada", indica.
MÁS COSTES.
Otros aspectos denunciados por UNEF son que se incrementan los costes para adaptarse a la nueva ley. Con la norma, la obligación de adscripción a centros de control en el caso de los territorios no peninsulares será de una potencia superior a 0,5 megavatios (MW), lo que significa un incremento de costes para adaptarse a la nueva ley. Además, "quita competencias de las comunidades autónomas", que tendrá menos capacidad para desarrollar procedimientos simplificados.
Para el director general de UNEF, José Donoso, "el nuevo texto empeora las condiciones del anterior borrador y supone la consolidación de tres principios inadmisibles en cualquier regulación: la ruptura de la seguridad jurídica, la arbitrariedad y la retroactividad".
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