MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que se exima a las pequeñas y medianas empresas de la obligación de preparar de forma forzosa la documentación justificativa de sus operaciones vinculadas para remitirla a la administración tributaria como exige la Ley para la prevención del Fraude Fiscal.
En concreto, la iniciativa de los nacionalistas contempla, en el desarrollo la mencionada Ley, la exención en la obligación de mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación acreditativa de las operaciones previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a sujetos pasivos como pymes, dentro del marco de la recomendación de la Comisión Europea y siempre que no dispongan de filiales en otros países.
CiU quiere también que esta disposición se adopte de acuerdo con el principio de minoración del coste de cumplimiento de las operaciones fiscales para las pymes para evitar que "las obligaciones documentales que deban efectuar no den lugar a unos costes de cumplimiento desproporcionados".
Para el portavoz de Economía y Hacienda de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, la preparación de dicha documentación justificativa puede llegar a suponer unos "costes de cumplimiento y de gestión administrativa desproporcionados" para las microempresas y pymes, y por ello cree que "no debe requerirse dicha documentación de forma generalizada sino limitarse a los casos específicos en los que la Administración tributaria lo requiera".
En este sentido, el diputado catalán señala que la nueva normativa está justificada en el caso de grandes empresas y de compañías que tengan filiales en el exterior, lo que no incluye a la mayoría de las pymes, que a su juicio, se tienen que enfrentar a "un elevado coste, sin comportar mejoras relevantes en el control de sus obligaciones fiscales".
Además, Sánchez Llibre puntualizó que la misma Ley establece que las obligaciones de documentación que se impone a las empresas deberán responder al principio de minoración del coste de cumplimiento.
Finalmente, recordó que "tanto la Unión Europea, como el Gobierno, como los distintos grupos parlamentarios" se han pronunciado "mil veces sobre la necesidad de simplificar las exigencias administrativas de las pymes" y subrayó que su proposición no de ley insta al Gobierno "a poner en práctica este principio".
