MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al Real Decreto que aprueba el reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que marca el inicio de una nueva etapa en la política de apoyo financiero a la internacionalización de la economía española.
En concreto, el FIEM, cuyo objetivo antes cumplía el ahora extinto Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), es un instrumento cuyo objetivo exclusivo es la internacionalización. El fondo cuenta además con una capacidad de adaptación mucho mayor que la de su predecesor para atender las nuevas exigencias y retos de nuestras empresas en los mercados internacionales.
Por otra parte, el cambio de FAD a FIEM da respuesta a los principios y requerimientos especificados en la Ley 38/2006 de Gestión de la Deuda Externa, que instaba al Gobierno a presentar al poder legislativo un proyecto de reforma del FAD para adecuarlo y alinearlo plenamente con los nuevos retos y compromisos de la política española de cooperación al desarrollo, favoreciendo su especialización en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y eliminando la vertiente de internacionalización del instrumento.
A través de la puesta en marcha del FIEM se opta por una mayor especialización, transparencia y coordinación entre todos los instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización que fomenten nuestra competitividad frente a nuestros principales competidores internacionales, en un momento en que se hace imprescindible consolidar la internacionalización de la economía española como motor de la recuperación económica y pilar de un modelo de crecimiento más equilibrado, sostenible y menos vulnerable.
Así, entre sus principales características del FIEM figura que su objetivo exclusivo es la internacionalización de la empresa española; que permite una financiación comercial, concesional y no reembolsable; que dirige al apoyo a la exportación y a la inversión; que incluye financiación en forma de créditos, líneas de crédito y préstamos; y que aporta un elemento de competitividad para las empresas españolas en las licitaciones internacionales.
Además, entre otras de sus características destaca que se amplía el espectro de beneficiarios en terceros países; que se establecerá una estrategia global para la internacionalización; que se flexibiliza el sistema de garantías sin relajación de las normas de prudencia y que se asegura su gestión eficiente e instrumentos de control.
